EDJ 2014/254101
Audiencia Provincial de Madrid, sec. 11ª, S 7-11-2014, nº 368/2014, rec. 65/2014
Pte: Duro Ventura, Cesáreo
Resumen
Préstamo hipotecario. Cláusula "rebus sic stantibus". Dación en pago. La AP desestima el recurso interpuesto por las prestatarias pues no considera error alguno en la valoración de la prueba respecto a si la vivienda es o no domicilio familiar. No se dan las condiciones para aplicar la cláusula "rebus sic stantibus" pues se está ante una compra perfeccionada, en la que se obtiene financiación de una importantísima cantidad de dinero para la compra de una vivienda de gran valor y ha sido consecuencia de la crisis económica el descenso acusado del valor de los inmuebles, pero ello no ha supuesto sino la necesidad de rebajar su precio a los parámetros del mercado para lograr su venta, no ya sin ganancias sino aun con pérdidas en ocasiones (FJ 3).
NORMATIVA ESTUDIADA
	RD de 24 julio 1889. Código Civil
art.1091 , art.1124 , art.1258 , art.1289
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ÍNDICE
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	FALLO
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CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
	CONTRATO
	EFECTOS; FUERZA OBLIGATORIA
	Cláusula "rebus sic stantibus"
	CONTRATOS BANCARIOS
	PRÉSTAMO
	Otras cuestiones
	DACIÓN O ADJUDICACIÓN EN PAGO
	SUPUESTOS DIVERSOS
	OBLIGACIONES
	EFECTOS: CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO
	En general
FICHA TÉCNICA
	Favorable a: Entidad financiera; Desfavorable a: Prestatario
	Procedimiento:Apelación, Juicio Ordinario
	Legislación
	Aplica art.1091, art.1124, art.1258, art.1289 de RD de 24 julio 1889. Código Civil
	Cita art.394, art.398, art.469, art.477 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
	Cita dad.15 de LO 6/1985 de 1 julio 1985. Poder Judicial
	Cita RD de 24 julio 1889. Código Civil
	Jurisprudencia
	Cita en el mismo sentido  sobre CONTRATO - EFECTOS; FUERZA OBLIGATORIA - Cláusula "rebus sic stantibus"  STS Sala 1ª de 30 junio 2014 (J2014/111200)
	Cita en el mismo sentido  sobre CONTRATO - EFECTOS; FUERZA OBLIGATORIA - Cláusula "rebus sic stantibus"  STS Sala 1ª de 26 abril 2013 (J2013/63403)
	Cita en el mismo sentido  sobre CONTRATO - EFECTOS; FUERZA OBLIGATORIA - Cláusula "rebus sic stantibus"  STS Sala 1 Pleno de 17 enero 2013 (J2013/27134)
	Cita en el mismo sentido  sobre CONTRATO - EFECTOS; FUERZA OBLIGATORIA - Cláusula "rebus sic stantibus", CONTRATOS BANCARIOS - PRÉSTAMO - Otras cuestiones  STS Sala 1ª de 27 diciembre 2012 (J2012/310474)
Audiencia Provincial Civil de Madrid
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Sección Undécima
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C/ Ferraz, 41 - 28008
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Tfno.: 914933922
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37007740
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N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0001223
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Recurso de Apelación 65/2014
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O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia num. 21 de Madrid
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Autos de Procedimiento Ordinario 1794/2011
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APELANTE: D./Dª Alicia y otros 3
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PROCURADOR D./Dª MARÍA ASUNCION SANCHEZ GONZALEZ
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APELADO: BANCO GRUPO CAJATRES S.A.
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PROCURADOR D./Dª MARÍA LYDIA LEIVA CAVERO
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SENTENCIA
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ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:
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D. ANTONIO GARCÍA PAREDES
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D. CESAREO DURO VENTURA
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Dª MARGARITA VEGA DE LA HUERGA
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En Madrid, a siete de noviembre de dos mil catorce.
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La Sección Undécima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 1794/2011 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia num. 21 de Madrid a instancia de Dª Alicia, Dª Filomena, Dª Paula y D. Federico, como parte apelante, representados por la Procuradora Doña María Asunción Sánchez González, contra BANCO GRUPO CAJATRES S.A., como parte apelada, representada por la Procuradora Dª MARÍA LYDIA LEIVA CAVERO; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 28/06/2013.
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VISTO, Siendo Magistrado Ponente D. CESAREO DURO VENTURA.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia num. 21 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 28/06/2013, cuyo fallo es el tenor siguiente: Que desestimando la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales DÑA MARÍA ASUNCIÓN SANCHEZ GONZALEZ en nombre y representación de DÑA Paula, DÑA Filomena, DÑA Alicia y D. Federico contra CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS (hoy BANCO GRUPO CAJATRES SA), no ha lugar a la dación del inmueble sito en PASEO000 num. NUM000, NUM001 de Madrid, en pago de deuda por préstamo hipotecario, con expresa condena en costas a la parte demandante.
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SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de Dª Alicia, Dª Filomena, Dª Paula y D. Federico, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria que formulo oposición, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.
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TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Mediante la demanda origen del presente procedimiento la actora Dª Paula, Dª Filomena, Dª Alicia, y D. Federico, ejercitan una acción contra la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos a fin de que se declare el derecho de la actora a entregar en dación en pago del préstamo hipotecario, el piso sito en PASEO000 num. NUM000 NUM001, con condena a la demandada a aceptar esa dación con carácter extintivo del préstamo hipotecario concertado; la demanda se sustenta en un relato fáctico según el cual la actora Dª Paula suscribió el 20 de marzo de 2007 un préstamo hipotecario para adquirir el piso antes referido siendo el préstamo por importe de 837.600 euros y tasándose el inmueble en 1.047.048,32 euros, fijando la demandada el valor a efectos de subasta en 1.164.264 euros y exigiendo la firma de los hijos de la actora para garantizar la operación. Según este relato y por la crisis económica la actora empezó a tener problemas para pagar el préstamo dada su disminución de ingresos en los años 2009 y 2010, siendo así que la demandada accedió a otorgar una segunda hipoteca por 83.000 euros, con tasación de la finca en ese momento en 950.854,32 euros, siendo intención de la parte vender el piso para poder pagar la hipoteca, no aceptando la demandada la dación en pago, ni la carencia en el pago en tanto se vendía el inmueble, ni la reducción por la supresión de la cláusula suelo, cuestión esta última por la se estaría accionando en procedimiento seguido por ADICAE ante el juzgado de lo mercantil.
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La demandada, Banco Grupo Cajatres S.A., subrogada en la posición de la Caja, se opuso a la demanda señalando que la misma no tendría otra intención que la paralización del procedimiento hipotecario seguido en el juzgado de primera instancia num. 100 de los de Madrid contra los actores, procedimiento num. 949/11 en el que los demandantes habrían alegado la excepción de litispendencia por la existencia de este litigio; se alega que la vivienda habría sido adquirida por la Sra, Paula como inversión y no para su uso como vivienda habitual, estando arrendada. Se señala que el préstamo hipotecario era bonificado, habiendo cumplido la Caja con la bonificación incluso con retraso en los pagos y siendo el negocio de los actores la venta de la vivienda en el año de carencia del préstamo; según la demandada la segunda hipoteca se constituyó para pagar el descubierto del primer préstamo así como tres préstamos personales y comisiones de avales, no siendo el inmueble el único patrimonio de la Sra. Paula que tendría un gran patrimonio inmobiliario libre de cargas y gravámenes. La demandada niega los hechos relatados por la actora y abunda en el reiterado incumplimiento de sus obligaciones y a la intención de alterar las condiciones de la hipoteca ante la falta de venta del inmueble que era la inversión prevista. En su fundamentación jurídica la demandada niega la legitimación activa de los hijos de Dª Paula, al no ser propietarios del inmueble, y niega igualmente la posibilidad de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, y de la dación en pago en función de la jurisprudencia que invoca.
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La juez de instancia dicta sentencia en la que tras resumir la posición de las partes, reseña los hechos más relevantes que considera acreditados y concluye no ser procedente la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, ni proceder la dación en pago solicitada, por lo que desestima íntegramente la demanda con imposición a la actora de las costas causadas.
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Recurre la actora esta resolución; el recurso se sustenta en la alegación de haber valorado la juez con error la prueba practicada, insistiendo en el intento de vender la vivienda y en la imposibilidad de atender la carga hipotecaria, por lo que se habría ofrecido la dación en pago rechazada por la demandada, incidiendo en ser el inmueble adquirido la vivienda habitual de Dª Paula pese a lo acogido en la sentencia; y se alega sobre la aplicación al supuesto de la cláusula rebus sic stantibus de acuerdo a la jurisprudencia más reciente sobre esta cuestión.
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La demandada se opone al recurso rechazando cada uno de sus argumentos e interesando la íntegra confirmación de la sentencia por sus propios fundamentos.
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SEGUNDO.- El recurso se sustenta de este modo en una doble consideración necesariamente vinculada, a saber, la errónea valoración de la prueba por parte de la juzgadora en cuanto a los hechos que la parte estima más relevantes para acreditar la procedencia de la aplicación al caso de la doctrina del "rebus sic stantibus", y la inaplicación de esta doctrina que es la verdadera alegación que mantiene la recurrente.
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En cuanto a la errónea valoración de la prueba no se menciona por la parte cuál sería la prueba erróneamente valorada, ni en qué consistiría el error, más allá de alegar sobre ciertos hechos que a su juicio quedarían acreditados y determinarían una solución distinta a la acogida por la resolución; así se discute por la parte el hecho de ser la vivienda objeto del proceso el domicilio habitual de los actores según resultaría a su juicio de los documentos aportados en la audiencia previa. Tanto en la escritura de apoderamiento como en las escrituras de hipoteca suscritas se hace constar como domicilio de todos los actores el inmueble sito en el PASEO000 num. NUM000 NUM001, siendo así que según el documento num. 1 de los aportados por la actora en la audiencia previa ese habría sido el domicilio familiar por contrato de arrendamiento hasta su compra, constando un contrato de seguro del año 2007 a nombre de Dª Paula; no obstante el alta en el padrón en ese domicilio se produce en el año 2008 según resulta del documento num. 4 aportado por la misma parte.
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La juez tiene en cuenta además la constancia de otros domicilios de Dª Paula en sus declaraciones de renta, tanto del año 2007 en que se reseña como domicilio uno en Guadalcanal (Sevilla), como en el año 2010 en que el domicilio que se hace constar es el de la CALLE000 num. NUM002 de Madrid. El hijo Federico si consta domiciliado en el piso objeto del proceso en su declaración de renta del año 2007, pero no así en el año 2008 en que aparece en la CALLE001 num. NUM003 de Madrid, e igualmente en la declaración del año 2010. No se conoce por otros datos el domicilio del resto de actores, si bien respecto de Filomena se reseña en el doc. num. 28,folio 332, como domicilio el de la CALLE002 num. NUM001 en Rivas Vaciamadrid. Y desde luego es un hecho indiscutido el alquiler de la vivienda que nos ocupa ya en el año 2009 y por habitaciones.
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Lleva todo ello a no considerar error alguno en la valoración de la prueba en este punto, pues la juez se limita a constatar el referido alquiler, y sin que otorgue en realidad mayor valor a ser el piso adquirido o no domicilio familiar, que no lo sería desde luego en el año 2009 y posteriormente a la vista de lo actuado.
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Como carece de relevancia el comentario que la sentencia contiene sobre el hecho de tener la actora Dª Paula patrimonio inmobiliario, pues de nuevo es una declaración que no se establece a modo de hecho probado del que resulte conclusión alguna en la muy escueta motivación de la sentencia, y no cabe duda de que además es una consideración cierta la vista de los datos registrales aportados, sin que pueda tener efecto alguno la alegación que se hace en el recurso sobre el intento de una finca en Andalucía, o sobre su alquiler, cuestiones estas ajenas por completo a los relatos de hechos a que debemos atenernos.
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TERCERO.- Todo el alegato se dirige a la pretensión de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, con mención de la evolución jurisprudencial habida en esta materia y señalando, sin mayor precisión, que en el presente asunto concurrirían los requisitos para su aplicación, por lo que sería procedente la dación en pago que solicitaba en la demanda; recordemos que como señala la jurisprudencia la dación en pago, o datio in solutum, es una forma especial de pago o, como dice la sentencia de 25 mayo 1999 "se conoce por la doctrina actual con el nombre de subrogado del cumplimiento, traducción literal de la palabra Erfüllungssurrogate", es el negocio jurídico (no es un contrato, como productor de obligación) por el que el deudor realiza a título de pago, una prestación distinta a la debida y el acreedor la acepta; en este sentido, la sentencia de 23 de septiembre 2002 "... cuyo dominio pleno se le transmite para aplicarlo a la extinción total del crédito"; y "produce los efectos del pago, como cumplimiento de la obligación" añade la sentencia de 19 octubre 2006.
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El Tribunal Supremo Sala 1ª, en sentencia de 27-12-2012
CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
	CONTRATO
	EFECTOS; FUERZA OBLIGATORIA
	Cláusula "rebus sic stantibus"
CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
	CONTRATOS BANCARIOS
	PRÉSTAMO
	Otras cuestiones
señala:
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"... la cláusula rebus sic stantibus que tiene por objeto la revisión, no anulación, del acto o negocio jurídico que ha sufrido un hecho imprevisible posterior a su celebración, no anterior. Así, la abundante jurisprudencia reitera que la alteración posterior de las circunstancias, sea extraordinaria, que provoque un desequilibrio exorbitante, por circunstancias imprevisibles. Así, sentencia de 20 noviembre 2009 y la anterior de 25 enero 2007 dicen:
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"analizando la aplicabilidad al caso de la cláusula "rebus sic stantibus ", dice la sentencia de 23 de abril de 1991 que "la doctrina ha examinado la dificultad extraordinaria sobrevenida en el cumplimiento de la obligación al igual que lo ha hecho la jurisprudencia, al tratar de la posibilidad de construir dentro de nuestro derecho vigente, la cláusula "rebus sic stantibus " como medio de establecer equitativamente el equilibrio de las prestaciones; con cita de las sentencias de 14 de diciembre de 1940, 17 de mayo de 1941, y 5 de junio de 1945, la de 17 de mayo de 1957 establece las siguientes conclusiones en relación con la aplicación de la citada cláusula: A) Que la cláusula "rebus sic stantibus " no está legalmente reconocida; B) Que, sin embargo, dada su elaboración doctrinal y los principios de equidad a que puede servir, existe una posibilidad de que sea elaborada y admitida por los Tribunales; C) Que es una cláusula peligrosa, y, en su caso, debe admitirse cautelosamente; D) Que su admisión requiere como premisas fundamentales: a) alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración; b) una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes que verdaderamente derrumben el contrato por aniquilación del equilibrio de las prestaciones, y c) que todo ello acontezca por la sobreveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles; y E) En cuanto a sus efectos, hasta el presente, le ha negado los rescisorios, resolutorios o extintivos del contrato otorgándole los modificativos del mismos, encaminados a compensar el desequilibrio de las prestaciones". Tal doctrina se ha mantenido en posteriores resoluciones de esta Sala -Sentencias, entre otras, de 29 de mayo de 1996, 10 de febrero de 1997, 15 de noviembre de 2000, 27 de mayo de 2002 y 21 de marzo de 2003 ".
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Por su parte la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2013
CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
	CONTRATO
	EFECTOS; FUERZA OBLIGATORIA
	Cláusula "rebus sic stantibus"
que da lugar a la resolución en un caso puntual de compraventa contiene algunas precisiones que conectan el viejo "rebus sic stantibus " con la teoría de la base del negocio, con un importante añadido, el de la toma en cuenta de la buena fe, estándar jurídico de actuación en la exigencia de derechos proclamado genéricamente en el artículo 7 del Código Civil , desde su reforma en el año de 1974. Dice el alto Tribunal, con invocación de anteriores sentencias que rechazan la aplicación de la cláusula "... y toma en consideración el desequilibrio entre las prestaciones en cuanto «afectando a la base del negocio». Esta se ha considerado como el conjunto de circunstancias cuya concurrencia impide que se obtenga el resultado que se propone el negocio jurídico. Se ha distinguido la base del negocio subjetiva, como la representación común o lo que esperan ambos contratantes, que les ha llevado a celebrar el contrato y objetiva, como las circunstancias cuya presencia sea objetivamente necesaria para mantener el contrato en su función o causa (concepto objetivo). Todo ello se funda en el principio de la buena fe, que permite la resolución del negocio si desaparece la base del negocio".
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La sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª Pleno, de 17-1-2013
CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
	CONTRATO
	EFECTOS; FUERZA OBLIGATORIA
	Cláusula "rebus sic stantibus"
es de especial interés:
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"La cláusula o regla rebus sic stantibus (estando así las cosas) trata de solucionar los problemas derivados de una alteración sobrevenida de la situación existente o circunstancias concurrentes al tiempo de la celebración del contrato, cuando la alteración sea tan acusada que aumente extraordinariamente la onerosidad o coste de las prestaciones de una de las partes o bien acabe frustrando el propio fin del contrato. Reconocida dicha regla por la jurisprudencia, esta se ha mostrado siempre, sin embargo, muy cautelosa en su aplicación, dado el principio general, contenido en el art. 1091 CC de que los contratos deben ser cumplidos (p. ej. SSTS 10-12-90, 6-11-92 y 15-11-00). Más excepcional aún se ha considerado su posible aplicación a los contratos de tracto único como es la compraventa ( SSTS 10-2-97, 15-11-00, 22-4-04 y 1-3-07), y por regla general se ha rechazado su aplicación a los casos de dificultades de financiación del deudor de una prestación dineraria ( SSTS 20-5-97 y 23-6- 97). Más concretamente, en relación con compradores de viviendas que debían pagar el precio en tiempo más o menos próximo al inicio de la todavía subsistente crisis económica, la sentencia num. 597/2012, de 8 de octubre, ha rechazado tanto la nulidad por vicio del consentimiento como la resolución por incumplimiento solicitadas por una compañía mercantil que había comprado tres viviendas de una misma promoción inmobiliaria y alegaba que la vendedora se había comprometido a obtener la subrogación de la compradora como deudora hipotecaria, razonándose en la sentencia de esta Sala que el deudor debe prever las fluctuaciones del mercado, amén de apreciarse en la sociedad compradora una finalidad especulativa; la sentencia num. 568/2012, de 1 de octubre, ha rechazado unas pretensiones similares de la compañía mercantil compradora de una vivienda, que igualmente alegaba el compromiso de la vendedora de facilitar la financiación del pago del precio, razonando esta Sala que "era previsible que el banco no hubiese aceptado la subrogación por falta de solvencia, pues a la propia compradora se le denegaron los préstamos que directamente solicitó a las entidades financieras"; y la sentencia num. 731/2012, de 10 de diciembre ha rechazado unas pretensiones semejantes de los cónyuges compradores de una vivienda en una urbanización de la costa razonando que la propia ambigüedad de su planteamiento impedía dilucidar si en verdad les interesaba o no la financiación del pago del precio mediante un préstamo hipotecario.
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...Lo anteriormente razonado no significa, sin embargo, que la regla rebus sic stantibus haya de quedar descartada en todos los casos de imposibilidad de obtener financiación por parte de los compradores de inmuebles. Antes bien, una recesión económica como la actual, de efectos profundos y prolongados, puede calificarse, si el contrato se hubiera celebrado antes de la manifestación externa de la crisis, como una alteración extraordinaria de las circunstancias, capaz de originar, siempre que concurran en cada caso concreto otros requisitos como aquellos a los que más adelante se hará referencia, una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las correspectivas prestaciones de las partes, elementos que la jurisprudencia considera imprescindibles para la aplicación de dicha regla ( SSTS 27-6-84, 17-5-86, 21-2-90 y 1-3-07). Por otra parte, en la actualidad es clara una tendencia a que la regla se incorpore a propuestas o proyectos de textos internacionales ( art. 6.2.2 de los principios UNIDROIT), de Derecho de la Unión Europea ( art. 6.111 de los Principios de Derecho Europeo de la Contratación, PECL) y nacionales ( art. 1213 del CC en la Propuesta para la modernización del Derecho de obligaciones y contratos preparada por la Comisión General de Codificación). Así, en el último trabajo citado se propone para el art. 1213 CC el siguiente texto, inspirado tanto en la idea de la causa negocial como en la de la asignación de riesgos:
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Si las circunstancias que sirvieron de base al contrato hubieren cambiado de forma extraordinaria e imprevisible durante su ejecución de manera que ésta se haya hecho excesivamente onerosa para una de las partes o se haya frustrado el fin del contrato, el contratante al que, atendidas las circunstancias del caso y especialmente la distribución contractual o legal de riesgos, no le sea razonablemente exigible que permanezca sujeto al contrato, podrá pretender su revisión, y si esta no es posible o no puede imponerse a una de las partes, podrá aquél pedir su resolución.
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La pretensión de resolución solo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato".
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...Ahora bien, que la regla rebus sic stantibus pueda aplicarse a determinados casos de imposibilidad de financiación absolutamente imprevisible al tiempo de perfeccionarse la compraventa de una vivienda no significa que la crisis económica, por sí sola, permita al comprador desistir del contrato, pues en tal caso se produciría un manifiesto desequilibrio en contra del vendedor, se propiciarían los incumplimientos meramente oportunistas, favoreciendo a quien en verdad siguiera interesado en comprar pero por un precio inferior, y, en definitiva, se desvirtuaría el verdadero sentido de una determinada solución jurídica hasta el punto de convertirla en un incentivo para el incumplimiento.
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...De aplicar todo lo anterior al presente caso resulta que tampoco desde la perspectiva de la regla rebus sic stantibus cabe mantener el fallo impugnado, precisamente porque, dada la motivación que le precede en la propia sentencia su único fundamento real queda reducido a la crisis económica, hecho ciertamente notorio, y a la consiguiente restricción generalizada de los préstamos hipotecarios, hecho igualmente notorio.............En suma, la posible aplicación de la regla rebus sic stantibus a compraventas de viviendas afectadas por la crisis económica no puede fundarse en el solo hecho de la crisis y las consiguientes dificultades de financiación, sino que requerirá valorar un conjunto de factores, necesitados de prueba, tales como el destino de la casa comprada a vivienda habitual o, por el contrario, a segunda residencia o a su venta antes o después del otorgamiento de la escritura pública; la asignación contractual del riesgo de no obtener financiación y el grado de colaboración prometido por el vendedor para obtenerla, distinguiendo entre contratantes que sean profesionales del sector inmobiliario y los que no lo sean; la situación económica del comprador al tiempo de la perfección del contrato y al tiempo de tener que pagar la parte pendiente del precio que esperaba poder financiar; el grado real de imposibilidad de financiación y sus causas concretas añadidas a la crisis económica general, debiéndose valorar también, en su caso, las condiciones impuestas por las entidades de crédito para conceder financiación; o en fin, las posibilidades de negociación de las condiciones de pago con el vendedor y, por tanto, de mantener el contrato como alternativa preferible a su ineficacia."
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Y por último en esta reseña que abunda en la consideración de la evolución jurisprudencial en esta materia, podemos citar la sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, de 30-6-2014
CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
	CONTRATO
	EFECTOS; FUERZA OBLIGATORIA
	Cláusula "rebus sic stantibus"
:
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"La cláusula rebus sic stantibus.
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Caracterización de la figura y régimen jurídico. Doctrina jurisprudencial aplicable.......
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...Respecto de la cuestión de fondo que plantea el presente caso, en torno a la valoración del régimen de aplicación de lacláusula rebus sic stantibus, debe señalarse que en la actualidad se ha producido un cambio progresivo de la concepción tradicional de la figura referenciada en un marco de aplicación sumamente restrictivo o excepcional, como corresponde a una cláusula "peligrosa" y de admisión "cautelosa", con fundamento derivado del criterio subjetivo de la equidad y con una formulación rígida de sus requisitos de aplicación: "alteración extraordinaria", "desproporción desorbitante" y circunstancias "radicalmente imprevisibles"; caso de la sentencia de esta Sala, de 10 de febrero de 1997, que es tomada como referente por la Audiencia Provincial.
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Por contra, en la línea del necesario ajuste o adaptación de las instituciones a la realidad social del momento y al desenvolvimiento doctrinal consustancial al ámbito jurídico, la valoración del régimen de aplicación de esta figura tiende a una configuración plenamente normalizada, en donde su prudente aplicación deriva de la exigencia de su específico y diferenciado fundamento técnico y de su concreción funcional en el marco de la eficacia causal del contrato. Esta tendencia hacia la aplicación normalizada de esta figura, reconocible ya en las Sentencias de esta Sala de 17 y 18 de enero de 2013 (núms. 820 y 822/2012, respectivamente) en donde se reconoce que la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias, también responde a la nueva configuración que de esta figura ofrecen los principales textos de armonización y actualización en materia de interpretación y eficacia de los contratos (Principios Unidroit, Principios Europeos de la Contratación o el propio Anteproyecto relativo a la modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos de nuestro Código Civil ).
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La progresiva objetivación de su fundamento técnico.
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..En relación con el necesario cambio o adaptación de los referentes que tradicionalmente han configurado o caracterizado la aplicación de esta cláusula todo parece indicar que debe abandonarse su antigua fundamentación según reglas "de equidad y justicia" en pro de una progresiva objetivación de su fundamento técnico de aplicación. En este sentido, la fundamentación objetiva de la figura, alejada de los anteriores criterios subjetivistas, resulta ya claramente compatible con el sistema codificado. Así, en primer lugar, conviene señalar que la aplicación de la cláusula, en rigor, no supone una ruptura o singularidad respecto de la regla preferente de la lealtad a la palabra dada (pacta sunt servanda), ni tampoco de la estabilidad o mantenimiento de los contratos. Por contra, su aplicación, cifrada en una sobrevenida mutación de las circunstancias que dieron sentido al negocio celebrado, se fundamenta en criterios o reglas que también pueden definirse como claves de nuestro sistema codificado, ya que desde su moderna configuración la figura obtiene su fundamento último de las propias directrices del orden público económico, particularmente de la regla de la conmutatividad del comercio jurídico y del principio de buena fe.
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De la primera regla se desprende que todo cambio de bienes y servicios que se realice onerosamente tiene que estar fundado en un postulado de conmutatividad, como expresión de un equilibrio básico entre los bienes y servicios que son objeto de intercambio. Este "equilibrio básico", que no cabe confundir con la determinación del precio de las cosas fuera de la dinámica del mercado (precios intervenidos o declarados judicialmente), resulta también atendible desde la fundamentación causal del contrato, y sus correspondientes atribuciones patrimoniales, cuando deviene profundamente alterado con la consiguiente desaparición de la base del negocio que le dio sentido y oportunidad. Por tanto, más allá de su mera aplicación como criterio interpretativo, artículo 1289 del Código Civil , la conmutatividad se erige como una regla de la economía contractual que justifica, ab initio, la posibilidad de desarrollo de figuras como la cláusula rebus sic stantibus.
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En conexión con lo afirmado, el principio de buena fe en la economía de los contratos, sin perjuicio de su aplicación como interpretación integradora del contrato ( artículo 1258 del Código Civil ), y sin caer en su aplicación como mera cláusula general o cláusula en blanco de cara a la más amplia discrecionalidad o arbitrio judicial, permite una clara ponderación de los resultados que se deriven de la regla de que los pactos deben siempre ser cumplidos en sus propios términos. En este sentido, si en virtud de la buena fe el acreedor no debe pretender más de lo que le otorgue su derecho y el deudor no puede pretender dar menos de aquello que el sentido de la probidad exige, todo ello de acuerdo a la naturaleza y finalidad del contrato; también resulta lógico, conforme al mismo principio, que cuando, fuera de lo pactado y sin culpa de las partes y de forma sobrevenida, las circunstancias que dotaron de sentido la base o finalidad del contrato cambian profundamente, las pretensiones de las partes, lo que conforme al principio de buena fe cabe esperar en este contexto, pueden ser objeto de adaptación o revisión de acuerdo al cambio operado. Esta relación entre el principio de buena fe y la cláusula rebus sic stantibus ya ha sido reconocida por esta Sala, caso, entre otras, de la Sentencia de 21 de mayo de 2009 (núm. 1178/2004).
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En segundo lugar, porque esta razón de compatibilidad o de normalidad con el sistema codificado tampoco se quiebra si atendemos al campo de los efectos o consecuencias jurídicas que la aplicación de la cláusula opera, ya sea un efecto simplemente modificativo de la relación, o bien puramente resolutorio o extintivo de la misma. Pensemos que figuras que comparten idénticas consecuencias, caso de la acción resolutoria ( artículo 1124 del Código Civil ) y de la acción rescisoria por fraude de acreedores (1111 y 1291, 3° del Código Civil ), con idéntica naturaleza de la ineficacia resultante, pues supone la validez estructural del contrato celebrado ( artículo 1290 del Código Civil ), una vez superados los prejuicios de la economía liberal, se aplican en la actualidad con plena normalidad sin necesidad de recurrir a su excepcionalidad o singularidad dentro del campo contractual. En parecidos términos, si la relación se establece con el principio de conservación de los contratos (entre otros artículo 1284 del Código Civil ), en donde su desarrollo tiende a especializarse respecto de la nulidad contractual como régimen típico de ineficacia; Sentencias de pleno de 15 de enero de 2013 (n° 827, 2012) y de 16 de enero de 2013 (n° 828, 2012). Por otra parte, dicha razón de compatibilidad tampoco se quiebra si nos fijamos en la nota de la subsidiariedad con la que tradicionalmente viene calificada la aplicación de esta cláusula, pues fuera de su genérica referencia a la carencia de cualquier otro recurso legal que ampare la pretensión de restablecimiento del equilibrio contractual, su adjetivación de subsidiaria hace referencia, más bien, a que su función no resulte ya cumplida por la expresa previsión de las cláusulas de revisión o de estabilización de precios, ( SSTS de 24 de septiembre de 1994 y 27 de abril de 2012).
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En tercer lugar, esta razón de compatibilidad y normalidad en la aplicación de esta figura no puede desconocerse a tenor del desenvolvimiento jurídico experimentado en el contexto del Derecho europeo. En efecto, del mismo modo que la conservación de los contratos constituye un principio informador del derecho contractual europeo, reconocido por los textos de referencia ya señalados y aplicados por esta Sala en las Sentencias de 15 y 16 de enero de 2013 (núms. 827 y 828/2013, respectivamente) la cláusula rebus sic stantibus o si se prefiere, la relevancia del cambio o mutación de las condiciones básicas del contrato, ha sido objeto de regulación por estos mismos textos de armonización sin ningún tipo de regulación excepcional o singular al respecto, como un aspecto más en la doctrina del cumplimiento contractual. En este sentido, no puede desconocerse un cierto valor añadido a las citadas sentencias de 17 y 18 de enero de 2013 pues fuera de la oportunidad del momento, la referencia a la cláusula se realiza de un modo normalizado, conforme a los textos de armonización citados, y se admite su posible aplicación a casos que traigan causa de la "crisis económica", supuesto claramente más amplio y complejo que los derivados de la devaluación monetaria que sirvió de base a un cierto renacimiento de la cláusula rebus sic stantibus.
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Concreción funcional y aplicativa de la figura.
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..Criterios básicos de la delimitación: fundamento causal, base del negocio y asignación contractual del riesgo derivado.
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Con carácter general, establecido el nexo entre el plano causal del contrato y la tipicidad contractual de la cláusula, la valoración de la incidencia que determina la mutación o el cambio de circunstancias, es decir, la posible alteración causal del contrato, se realiza de un modo objetivado mediante el recurso concorde de dos criterios de concreción de dicha tipicidad. Con el primero, a través de la doctrina de la base del negocio, se contrasta principalmente el alcance de dicha mutación o cambio respecto del sentido o finalidad del contrato y de la conmutatividad o equilibrio prestacional del mismo. De esta forma, el contraste de la denominada base objetiva del negocio nos permite concluir que la mutación o cambio de circunstancias determina la desaparición de la base del negocio cuando:
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- La finalidad económica primordial del contrato, ya expresamente prevista, o bien derivada de la naturaleza o sentido del mismo, se frustra o se torna inalcanzable.
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- La conmutatividad del contrato, expresada en la equivalencia o proporción entre las prestaciones, desaparece prácticamente o se destruye, de suerte que no puede hablarse ya del juego entre prestación y contraprestación.
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Complementariamente, el contraste de la denominada base subjetiva del negocio nos permite llegar a idéntica conclusión en aquellos supuestos en donde la finalidad económica del negocio para una de las partes, no expresamente reflejada, pero conocida y no rechazada por la otra, se frustra o deviene inalcanzable tras la mutación o cambio operado.
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La aplicación de la teoría de la base del negocio como cauce interpretativo a estos efectos ha sido resaltada por la reciente jurisprudencia de esta Sala, entre otras, SSTS 20 de febrero de 2012 ( núm. 1887, 2008), 20 de noviembre de 2012 ( núm. 674, 2012), 25 de marzo de 2013 ( núm. 165, 2013), 26 de abril de 2012 (núm. 309, 2013), y 11 de noviembre de 2013 (núm. 638/2013).
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Por su parte, el otro criterio concorde a esta función delimitadora de la tipicidad contractual en la aplicación de esta figura viene representado por el aleas o marco de riesgo establecido o derivado del negocio, el denominado "riesgo normal del contrato". En este sentido, el contraste se realiza entre la mutación o cambio de circunstancias y su imbricación o adscripción con los riesgos asignados al cumplimiento del contrato ya por su expresa previsión, o bien por su vinculación con los riesgos propios que se deriven de la naturaleza y sentido de la relación obligatoria contemplada en el contrato, de forma que para la aplicación de la figura el cambio o mutación, configurado como riesgo, debe quedar excluido del "riesgo normal" inherente o derivado del contrato.
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En suma, estos criterios de tipicidad nos responden, en una primera instancia o contraste, a las preguntas básicas que plantea la posible atención jurídica a todo cambio de circunstancias o de condiciones, si dicho cambio tiene entidad suficiente, esto es, altera el estado de las cosas de un modo relevante, y si dichas alteración debe tener consecuencias para las partes implicadas.
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...La diferenciación de la cláusula respecto de otras figuras próximas.
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En el marco de la aplicación especializada que se está desarrollando y en orden a las pautas generales que informan la tipicidad contractual de la cláusula rebus sic stantibus resulta imprescindible, aunque sea de forma sintética, resaltar su diferencia contractual respecto de otras figuras próximas, especialmente en relación a la imposibilidad sobrevenida de la prestación y a los supuestos de resolución de la relación obligatoria, propiamente dichos.
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Respecto de la primera conviene destacar que la aplicación de la cláusula rebus no se realiza en atención a la perspectiva de la posible liberación del deudor, desde el estricto plano de la posibilidad o no de realización de la prestación tras el acontecimiento sobrevenido, cuestión que por su alcance requiere la naturaleza fortuita del mismo y la rigidez de su imprevisibilidad sino que le basta con que dicho acontecimiento o cambio de las circunstancias, más allá de la posibilidad de realización de la prestación, comporte una alteración de la razón o causa económica que informó el equilibrio prestacional del contrato que determina una injustificada mayor onerosidad para una de las partes. De esta forma, la imprevisibilidad de esta alteración no queda informada por el carácter fortuito de la misma, sino por un juicio de tipicidad contractual derivado de la base del negocio y especialmente del marco establecido respecto a la distribución del riesgo natural del contrato, con lo que la imprevisibilidad, fuera de su tipicidad en el caso fortuito, queda reconducida al contraste o resultado de ese juicio de tipicidad, esto es, que dicho acontecimiento o cambio no resultara "previsible" en la configuración del aleas pactado o derivado del contrato. De ahí, que la nota de imprevisibilidad no deba apreciarse respecto de una abstracta posibilidad de la producción de la alteración o circunstancia determinante del cambio, considerada en sí misma, sino en el contexto económico y negocial en el que incide. ( STS de 26 de abril de 2013, núm. 308/2013).
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Si se repara, esta es la tendencia que es seguida tanto en la regulación de esta cláusula en algunas de la legislaciones europeas, caso del Derecho alemán, en dónde en el párrafo primero del parágrafo 313 no aparece expresamente la nota de la imprevisibilidad del cambio de circunstancias, debiéndose ser inferido de los cambios no previstos por las partes, como en los textos internacionales y de armonización señalados.
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En esta línea, para los principios Unidroit la imprevisibilidad deriva de que los acontecimientos, no debieron haber sido previstos "por la parte en desventaja, ni de que cayeran en su esfera de control". Los principios de Derecho Europeo de la Contratación (PELL) la configuran respecto de que dicho cambio "no pudo razonablemente tenerse en cuenta en el momento de la celebración del contrato". En parecidos términos, el Proyecto de la Compraventa Europea, en relación a que dicho cambio "no se tuvo en cuenta y no pueda esperarse que se tuviese en cuenta" y, en suma, nuestra propuesta de Anteproyecto de Ley de Modernización del Código Civil en materia de obligaciones y contratos, que expresamente alude especialmente "a la distribución contractual o legal de los riesgos".
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Con relación a la resolución de la obligación ( artículo 1124 del Código Civil ) la principal dificultad a la hora de la diferenciación se manifiesta principalmente en la categoría del incumplimiento esencial. En efecto, en el campo jurisprudencial este tipo de incumplimiento ha venido siendo definido como "la falta de obtención de la finalidad perseguida", "la frustración de las legítimas expectativas o aspiraciones" e inclusive "como la quiebra de la finalidad económica o frustración del fin práctico perseguido". Como puede observarse, referencias que, en mayor o menor medida, también han sido empleadas por la doctrina jurisprudencial en el análisis y definición de la cláusula rebus.
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En este sentido, la diferenciación debe precisarse en los distintos fundamentos causales de ambas figuras y en sus diferentes funciones en la dinámica contractual. En esta línea puede afirmarse que las referencias citadas en la categoría del incumplimiento esencial operan en el plano de la resolución como el resultado de un juicio de tipicidad o de valoración entre lo que podemos denominar como causa de contrato (causa contractus, causa negotii), esto es, desde la función económica social del contrato el resultado práctico que quieren conseguir o alcanzar las partes (causa concreta del negocio) y la relevancia que para dicho fin presenta la inejecución o el irregular desenvolvimiento del programa de prestación; se valora tanto el plano de ajuste de los deberes prestacionales realizados con los programados, como el plano satisfactivo del acreedor que informó la celebración del contrato ( STS 11 de noviembre de 2013, núm. 638/2013).
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De esta forma, en el plano de aplicación de la cláusula rebus, las referencias citadas como definición del incumplimiento esencial (frustración del fin del contrato, quiebra de la finalidad económica, o de sus expectativas o aspiraciones, etc.) no operan como el resultado del anterior juicio de tipicidad o de valoración, exactamente. El contraste se realiza, no desde la causa del negocio propiamente dicha, sino desde la base del negocio y del riesgo normal derivado del contrato, como expresión de la conmutatividad o razón económica del equilibrio contractual del mismo, y la relevancia que para el mantenimiento de dicho equilibrio o razón económica presenta la mutación o alteración de las circunstancias inicialmente previstas. De esta forma, no se valora el plano de la satisfacción del acreedor desde el propósito negocial perseguido, conforme al desenvolvimiento de la relación contractual, sino que en un plano diferente al incumplimiento de la obligación y, por tanto, al desenvolvimiento del programa de prestación, se valora la ruptura del equilibrio contractual por la onerosidad sobrevenida de la relación negocial celebrada. Así, mientras que la resolución atiende a la quiebra o frustración de la finalidad práctica o resultado buscado por las partes, sin perjuicio de que dicha frustración comporte, como es lógico, una valoración económica, la prestación en esas condiciones ya no le es útil o idónea al acreedor, incluso económicamente analizada, la aplicación de la rebus atiende a la quiebra o frustración de la conmutatividad y onerosidad contractual sobre la que se diseñó el resultado práctico querido por las partes.
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...Cambio de circunstancias: crisis económica y excesiva onerosidad.
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Como se ha señalado, las citadas Sentencias de Pleno de 17 y 18 de enero de 2013 constituyen un punto de partida, o toma en consideración, hacia una configuración de la figura normalizada en cuanto a su interpretación y aplicación se refiere, de ahí que fuera de las trabas de la concepción tradicional, con una calificación de la aplicación de la figura como excepcional y extraordinaria, cuando no de peligrosa, se razone, conforme a los textos de armonización y proyectos europeos en materia de contratación (Principios Unidroit, PECL y propuesta de la Comisión General de Calificación), ya como tendencia, o bien como canon interpretativo, en pro de una normal aplicación de la figura sin más obstáculos que los impuestos por su debida diferenciación y el marco establecido de sus presupuestos y requisitos de aplicación que, de por si, ya garantizan una prudencia aplicación de la figura.
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Ello se traduce, a diferencia de la doctrina jurisprudencial anterior, en la estimación, como hecho notorio, de que la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias y, por tanto, alterar las bases sobre las cuales la iniciación y el desarrollo de las relaciones contractuales se habían establecido. No obstante, reconocida su relevancia como hecho impulsor del cambio o mutación del contexto económico, la aplicación de la cláusula rebus no se produce de forma generalizada ni de un modo automático pues como señalan ambas Sentencias, y aquí se ha reiterado, resulta necesario examinar que el cambio operado comporte una significación jurídica digna de atención en los casos planteados, esto es, que la crisis económica constituya en estos casos un presupuesto previo, justificativo del cambio operado no significa que no deba entrarse a valorar su incidencia real en la relación contractual de que se trate; de ahí, que ambas Sentencias destaquen que la crisis económica, como hecho ciertamente notorio, no pueda constituir por ella sola el fundamento de aplicación de la cláusula rebus máxime, como resulta de los supuestos de hecho de las Sentencias citadas, cuando confundiéndose la tipicidad contractual de la figura se pretende su aplicación por la vía errónea de la imposibilidad sobrevenida de la prestación (1182 a 1184 del Código Civil ).
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En relación a la excesiva onerosidad hay que señalar que su incidencia debe ser relevante o significativa respecto de la base económica que informó inicialmente el contrato celebrado. Este hecho se produce cuando la excesiva onerosidad operada por dicho cambio resulte determinante tanto para la frustración de la finalidad económica del contrato (viabilidad del mismo), como cuando representa una alteración significativa o ruptura de la relación de equivalencia de las contraprestaciones (conmutatividad del contrato). En este caso, las hipótesis son básicamente dos; que la excesiva onerosidad refleje un substancial incremento del coste de la prestación, o bien, en sentido contrario, que la excesiva onerosidad represente una disminución o envilecimiento del valor de la contraprestación recibida. En este contexto, y dentro de la fundamentación objetiva y de tipicidad contractual señalada, pueden extraerse las siguientes consideraciones de carácter general:
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A). La base económica del contrato, como parámetro de la relevancia del cambio, esto es, de la excesiva onerosidad, permite que en el tratamiento de la relación de equivalencia sea tenida en cuenta la actividad económica o de explotación de la sociedad o empresario que deba realizar la prestación comprometida.
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B). Desde esta perspectiva parece razonable apreciar la excesiva onerosidad en el incremento de los costes de preparación y ejecución de la prestación en aquellos supuestos en donde la actividad económica o de explotación, por el cambio operado de las circunstancias, lleve a un resultado reiterado de pérdidas (imposibilidad económica) o a la completa desaparición de cualquier margen de beneficio (falta del carácter retributivo de la prestación).
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C). En ambos casos, por mor de la tipicidad contractual de la figura, el resultado negativo debe desprenderse de la relación económica que se derive del contrato en cuestión, sin que quepa su configuración respecto de otros parámetros más amplios de valoración económica: balance general o de cierre de cada ejercicio de la empresa, relación de grupos empresariales, actividades económicas diversas, etc."
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Pues bien, tras esta extensa cita jurisprudencial la Sala no estima que en el supuesto que nos ocupa concurran las condiciones que permitan la aplicación de la cláusula que se invoca, pues no estamos ante un comprador que por las condiciones que la crisis económica ha impuesto al mercado no encuentre la financiación requerida para poder llevar adelante su acuerdo contractual, lo que acaso se acomodaría más bien al supuesto de la imposibilidad sobrevenida, sino que nos encontramos ante una compra perfeccionada y en la que se obtiene financiación de una importantísima cantidad de dinero, por encima de los 800.000 euros, para la compra de una vivienda de gran valor, sin que tengamos prácticamente datos acreditados de la situación económica de los actores al tiempo de llevar a cabo tal compra (año 2007) más allá de la declaración de la renta de dos de los actores que ya en ese año revelan unos ingresos que harían, de ser los únicos con que se contaba, inviable la compra que comprometía a veinte años una mensualidad de 4.302,11 euros (folio 14 de la escritura de la hipoteca); se aportan también declaraciones de la renta de Dª Paula y de su hijo Federico del año 2010, con disminuciones de ingresos en las declaraciones simplificadas de la renta, pero siendo ello insuficiente para constatar esa situación excepcional de onerosidad que permitiría la aplicación de la cláusula rebus; ha sido consecuencia de la crisis económica el descenso acusado del valor de los inmuebles, pero ello no ha supuesto sino la necesidad de rebajar su precio a los parámetros del mercado para lograr su venta, no ya sin ganancias sino aun con pérdidas en ocasiones. Se dice que el valor de tasación era muy superior al importe del préstamo, valor ya reducido en la segunda hipoteca en el año 2010 pero aun superior a dicho préstamo (pues tal valor se tasa entonces en algo más de 950.000 euros, folio 157), y se dice que el piso intentó venderse si bien no se acredita en modo alguno tal intento, ni el precio por el que se ofertaba, ni cómo se habría gestionado esa supuesta venta de la que nada se sabe y que podría haber logrado la cancelación de la hipoteca que la entidad bancaria habría ejecutado en el correspondiente procedimiento, estándose ante un hipoteca bonificada en la que el primer año únicamente se devengarían intereses.
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En definitiva en estas condiciones la Sala no estima justificada la situación fáctica que permitiría, en aplicación de la doctrina antes expuesta, la aplicación de la cláusula rebus, por lo que ha de desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia dictada.
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CUARTO.- La desestimación del recurso determina que se impongan a la recurrente las costas de la apelación, artículo 398 en relación con el artículo 394 LEC.
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Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación.
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FALLO
Que desestimando el recurso interpuesto por la representación procesal de Dª Alicia, Dª Filomena, Dª Paula y D. Federico, contra la sentencia de fecha veintiocho de junio de dos mil trece, confirmamos dicha resolución, con imposición a la recurrente de las costas causadas.
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MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en el plazo de veinte días y ante esta misma Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en Banco de Santander Oficina núm. 6114 sita en la calle Ferraz num. 43, 28008 Madrid, con el número de cuenta 2578-0000-00-0065-14, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.
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Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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Publicación. Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe
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Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079370112014100391