Tribunal Superior de Justicia

 de Cataluña, (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) Sentencia num. 72/2013 de 9 diciembre

RJ\2013\8311

ARBITRAJE (LEY 60/2003, DE 23 DICIEMBRE): ARBITROS: NOMBRAMIENTO: judicial: improcedencia: inexistencia de convenio arbitral: acto de conciliación: la palabra «árbitro» no puede equipararse a arbitraje, ya que en la cláusula no se incluye el procedimiento arbitral a seguir: la función de este experto es celebrar un acto de conciliación, entendido como mediación.

Jurisdicción: Civil
Recurso de Casación 36/2012 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Enric Anglada Fors 

El TSJ de Cataluña desestima la solicitud de nobramiento judicial de árbitro.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
Sala Civil y Penal
Arbitraje núm. 36/2012
(Solicitud nombramiento árbitro)
SENTENCIA núm. 72
Presidente:
Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Gimeno Jubero
Magistrados:
Ilmo. Sr. D. Enric Anglada i Fors
Ilma. Sra. Dª. María Eugenia Alegret Burgués
Barcelona, 9 de diciembre de 2013.
La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados que se expresan más arriba, ha visto el procedimiento de arbitraje núm. 36/2012 para el nombramiento judicial de árbitro. La demandante RODEALER, S.L. ha sido representada en el acto de la vista por la Procuradora Dña. Susana Bravo Sánchez y defendida por el Letrado D. Manuel Muñoz-García Liñan, en sustitución de D. Matías y D. Rafael . La parte demandada VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A. ("VAESA") ha sido representada por la Procuradora Dña. Gloria Ferrer Fusté en substitución de D. Antonio Anzizu Furest y defendida por el Letrado D. Jordi Sánchez Sánchez Crespo.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 19 de noviembre de 2012 tiene entrada en esta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya escrito de la Procuradora Dña. Susana Bravo Sánchez, en nombre y representación de RODEALER, S.L. y bajo la dirección letrada de los Sres. D. Matías y D. Rafael , en el que solicita el nombramiento judicial de árbitro para el procedimiento interpuesto contra VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A. ("VAESA").
SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 21 de noviembre de 2012 se admite a trámite la demanda, dando traslado del mismo a la parte demandada.
TERCERO.- Por Providencia de fecha 25 de marzo de 2013 se determinó la terna de árbitros la cual recayó en las siguientes personas: Dña. Almudena E. Castro-Girona Martínez, D. Juan I. Castro-Girona Martínez y D. Jesús Julián Fuentes Martínez, los cuales aceptaron la designa.
Por Diligencia de Ordenación de 11 de abril se requirió a ambas partes litigantes para que en un plazo de cinco días manifestasen a este Tribunal si interesa a su derecho la celebración de vista o la práctica de sorteo directo en la Secretaría de este Tribunal ( arts. 440 y ss. LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , art. 15 , 6 in fine Ley de Arbitraje (RCL 2003, 3010) ).
CUARTO.- En fecha 12 de abril de 2013 tiene entrada escrito de personación del Procurador D. Antonio Anzizu Furest, en representación de VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A., promoviendo declinatoria por falta de competencia objetiva.
El 15 de abril de 2013, tiene entrada escrito de VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A. interponiendo recurso de reposición ad cautelam contra la Providencia de 25 de marzo de 2013.
El 25 de abril de 2013, tiene entrada escrito de VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A. interponiendo recurso de reposición ad cautelam, contra la Diligencia de Ordenación de 11 de abril de 2013.
El mismo día 25 de abril de 2013 presenta escrito RODEALER, S.L. evacuando el requerimiento efectuado por Diligencia de Ordenación de 11 de abril de 2013 e interesando que se proceda directamente al sorteo previsto en el apartado 6, in fine, del artículo 15 de la Ley de Arbitraje (RCL 2003, 3010) .
QUINTO.- Por Diligencia de Ordenación de 25 de abril de 2013 se tiene por instada la acción de declinatoria por falta de competencia objetiva, con declaración de la suspensión del curso del procedimiento principal, dándose traslado a la actora por cinco días para alegaciones, no acordándose nada respecto de los otros tres escritos presentados y referidos anteriormente hasta que quede resuelta definitivamente la cuestión de competencia planteada.
En fecha 8 de mayo de 2013 RODEALER, S.L presentó escrito formulando alegaciones interesando la desestimación íntegra de la pretensión de declinatoria.
El 15 de mayo de 2013 esta Sala dicta Auto acordando desestimar la declinatoria.
El 24 de mayo de 2013 se alza la suspensión del procedimiento principal y se admiten a trámite los recursos de reposición ad cautelam interpuestos contra la Providencia de 25 de marzo de 2013 y contra la Diligencia de Ordenación de 11 de abril de 2013, siendo resuelto el interpuesto contra la Providencia por Auto de fecha 13 de junio de 2013 y el interpuesto contra la Diligencia de Ordenación por Decreto de 25 de junio de 2013.
En fecha 30 de mayo de 2013 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A interpone recurso de reposición contra el Auto de 15 de mayo de 2013 desestimatorio de la declinatoria.
Por Providencia de 28 de junio de 2013 se admite a trámite el recurso dándose a la contraria un plazo de 5 días para su impugnación, si ello conviniere a su derecho, lo cual fue verificado mediante escrito que tuvo su entrada el 11 de julio de 2013.
Por Auto de 7 de octubre de 2013 se acuerda desestimar el recurso de reposición, confirmar el Auto de 15 de mayo de 2013 y señalar para la celebración de la vista del juicio verbal el día 5 de diciembre de 2013 a las 10:00 horas de la mañana, la cual tuvo lugar según consta en el acta extendida al efecto por el Sr. Secretario de Sala.
Ha sido ponente, el Magistrado de esta Sala Ilmo. Sr. D. Enric Anglada i Fors.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO
 .- Competencia y procedimiento para el nombramiento judicial de árbitros.
El artículo 8.1 de la Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre (RCL 2003, 3010) , tras la reforma operada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo ( RCL 2011, 930 ) , establece una reasignación de las funciones judiciales en relación con el arbitraje, correspondiendo el nombramiento judicial de árbitros a la Sala Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
El artículo 15.3 de la mentada Ley de Arbitraje , relativo al nombramiento de los árbitros , dispone que, si no resultare posible designar árbitros mediante el procedimiento acordado por las partes, cualquiera de ellas podrá solicitar el nombramiento de árbitros o, en su caso, la adopción de las medidas necesarias para ello, sustanciándose las pretensiones por el cauce del juicio verbal -Art. 15.4 LA-.

SEGUNDO
 .- Nombramiento judicial de árbitros: Previa existencia de convenio arbitral.
1 .- El artículo 15. 5 de la Ley de Arbitraje (RCL 2003, 3010) , establece que: "El tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulte la existencia de un convenio arbitral" .
El artículo 9º de la Ley de Arbitraje establece los elementos esenciales de la voluntad del convenio arbitral, entre los cuales no se encuentra la forma concreta de designar a los árbitros, prevaleciendo, en su interpretación, el principio de conservación del acuerdo de arbitraje o favor arbitri . Para ello basta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º 1, que en la cláusula, ya sea incorporada al contrato o en acuerdo independiente, conste la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determina relación jurídica, contractual o no contractual.
2 .- Pues bien, sentado lo precedente, es de señalar que en el supuesto que nos ocupa, tal como puntualizó esta propia Sala en sus Autos de 15 de mayo, 13 de junio y 7 de octubre de 2103(sic), la cuestión primera y primordial a dilucidar en el presente juicio verbal es si en el caso de autos existe o no convenio arbitral (vide. folios 347 al 352, 377 al 381 y 408 al 410).
Para ello habrá que acudir al contrato de concesión de venta de automóviles suscrito entre ambas partes hoy contendientes y en concreto al artículo 23 del mismo, en el que, según la mercantil actora, se contiene el convenio arbitral, cosa que niega rotundamente la sociedad demandada (folios 30 al 68, con mención especial al folio 50).
Dicho precepto, que se encuentra ubicado dentro del epígrafe V. Condiciones Generales , reza textualmente así:
"Artículo 23 - Conciliación
En el supuesto de desacuerdos sobre el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, las partes deberán ponerse de acuerdo sin demora sobre el nombramiento de un experto independiente o un árbitro, así como sobre los pormenores de este acto de conciliación. Ello no afectará al derecho de las partes a acudir a un tribunal nacional" .
3. Así las cosas y antes de entrar de lleno en el análisis de dicho artículo y en dirimir la existencia o no de convenio arbitral en este caso, como quiera que ambas partes en la vista del presente litigio han realizado una extensa, profunda y pormenorizada exposición tanto de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, como de la normativa comunitaria y de la jurisprudencia recaída en la materia, es por lo que el Tribunal considera conveniente y adecuado hacer un examen global de todas dichas cuestiones.
Ante todo, es de reseñar que si bien es cierto, como dice la entidad actora, que en la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje, se establece que: "... el juez no está llamado en este procedimiento a realizar, ni de oficio ni a instancia de parte, un control de validez del convenio arbitral o una verificación de la arbitrabilidad de la controversia, lo que, de permitirse, ralentizaría indebidamente la designación y vaciaría de contenido la regla de que son los árbitros los llamados a pronunciarse, en primer término, sobre su competencia" , y que "... el juez no está llamado en este procedimiento a realizar un control de los requisitos de validez del convenio" , no es menos cierto que en la propia Exposición de Motivos se puntualiza que "... el juez sólo debe desestimar la petición de nombramiento de árbitros en el caso excepcional de inexistencia de convenio arbitral, esto es, cuandoprima faciepueda estimar que no existe un convenio arbitral" , lo cual viene corroborado y concuerda con lo estatuido en el citado artículo 15.5 de la LA, lo que conlleva tanto que la existencia o no de convenio arbitral no se pueda dejar al arbitrio de un árbitro, como que no se trata de una cuestión afectante a la validez del convenio, de suerte que es siempre el órgano jurisdiccional quien ha de resolver si existe efectivamente o no convenio arbitral.
Dicho esto y a raíz de las alegaciones vertidas por sendas direcciones letradas de las partes en la vista del presente juicio verbal, es de señalar que la generalización y democratización del acceso a la vía judicial ha hecho que debido a que ante los tribunales se presentan muchos más casos que los que razonablemente se pueden resolver, se hayan planteado nuevas vías de resolución de conflictos que, además, ponen el acento en la autocomposición o gestión cooperativa de conflictos.
El incremento del número de asuntos judiciales se viene abordando en los países de nuestro entorno a través de diferentes vías, entre las que cabe destacar, últimamente, la implementación de otros sistemas de resolución fuera de la jurisdicción conocidos por la doctrina internacional, según las siglas inglesas, como ADR (Alternative Dispute Resolution) y que son, fundamentalmente, la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Por lo tanto, los ADR serán aquellos procedimientos que permiten resolver conflictos o disputas con independencia del sistema judicial de forma pacífica y jurídicamente admisible, dando una prevalencia a la autonomía de las propias partes.
Lo que acontece es que las empresas han venido experimentando en los últimos tiempos un proceso de internacionalización a través de compañías multinacionales y por el mantenimiento de relaciones comerciales en lugares lejanos favorecidas por los modernos sistemas de comunicación.
Ello ha dado lugar a nuevos y más complejos conflictos, pues han de ponerse en relación las normas del ordenamiento interno con las reglas internacionales sobre competencia o resolución, buscar las fuentes de derecho aplicable y cohonestar, en suma, sistemas jurídicos diversos.
El mundo de los negocios requiere que los conflictos se solucionen además de justamente, en forma eficaz y con celeridad.
Sentado lo anterior, es de indicar que son sistemas autocompositivos clásicos, la negociación y, con intervención de tercero, la mediación y la conciliación.
Así, en los sistemas heterocompositivos un tercero imparcial dirime la controversia de manera definitiva, tomando la decisión que estima oportuna ante el conflicto planteado entre ellas evitando que el conflicto se reproduzca.
Son sistemas heterocompositivos, la jurisdicción y el arbitraje. En el primer caso, el tercero imparcial es un Juez al que el Estado inviste de la potestas y de la auctoritas necesaria para impartir la justicia y para imponer por la fuerza si es necesario la solución. El Estado es quien le hace depositario de esa facultad que le confiere en exclusiva para determinados supuestos (derecho penal y demás derechos indisponibles y generalmente para la ejecución). El Juez debe resolver conforme al ordenamiento jurídico, sea la ley sea el precedente. En el caso del arbitraje, la controversia la decide un tercero a quien las partes directa o indirectamente (en el arbitraje institucional) libremente y en materias de libre disposición han encomendado la decisión de su conflicto.
En definitiva, los llamados ADR son los sistemas autocompositivos o heterocompositivos de resolución de conflictos, ajenos a la jurisdicción.
En cuanto a la conciliación y a la mediación tienen una base común. Se trata en ambos casos de un medio autocompositivo y existe un tercero ajeno a las partes que interviene para facilitar el acuerdo entre ellas. De ahí que la distinción entre ambas figuras sea muy difusa, sobre todo porque son reguladas de diferentes formas en las diversas legislaciones. En nuestro país y en otros de nuestro entorno se pone el acento en el carácter más institucionalizado de la conciliación frente al más espontáneo de la mediación.
La mediación sería así un modo de resolver un conflicto realizada por las mismas partes inmersas en él con la ayuda de un tercero imparcial que por medio de su formación ofrecería vías de entendimiento y favorecimiento del dialogo para que acerquen posturas y que sean ellas mismas en forma pacífica las que pongan fin al conflicto.
Así, frente a la imposición de una decisión por un tercero basada en la autoridad tras un procedimiento adversarial, el mediador centra su actividad en restaurar la comunicación entre las partes y propiciar que sean ellas las que en un entorno reservado y seguro resuelvan la controversia. Ofrecería así la mediación "una oportunidad razonable de recomponer la situación sin vencedores ni vencidos...".
Al respecto es de señalar que la Unión Europea se halla muy interesada, desde finales del siglo pasado y, más aún, a partir del inicio del presente, en las modalidades alternativas de solución de conflictos, singularmente en la mediación, hasta el punto que la Comisión Europea publicó en abril de 2002 un documento de debate sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos. En julio de 2004 la Comisión decidió crear un Código de Conducta de los mediadores que fue aprobado por una amplia mayoría de expertos en mediación y adoptado en octubre de 2004 por la Comisión y sometido al Parlamento y el Consejo europeo como Directiva marco sobre la Mediación.
El Libro Verde de 2002 (LCEur 2002, 1124) , el Código de Conducta y posteriormente la propuesta de Directiva y la Directiva 52/2008 (LCEur 2008, 803) se inscriben en el marco de los trabajos que la Unión Europea viene realizando dentro de la aspiración de consolidación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, y más concretamente para garantizar un mejor acceso a la justicia.
La Comisión considera que fomentar el uso de la mediación y otras modalidades alternativas de resolución de conflictos facilita su resolución, ayuda a evitar los problemas, el tiempo y el coste implícitos a los litigios ante los tribunales de justicia y sirve a los ciudadanos como una vía real de garantizar sus derechos legales.
Así, a partir del Plan de Acción de Viena de 1998 (LCEur 1999, 125) y las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 1999, el Consejo de Ministros de Justicia e Interior invitó a la Comisión a que presentara un Libro Verde sobre modalidades alternativas de solución de conflictos en materia de Derecho civil y mercantil distintas al arbitraje, en el que analizara la situación existente e iniciara una amplia consulta con miras a la preparación de las medidas concretas que conviniese adoptar.
En su Libro Verde, la Comisión recordó que el desarrollo de estas formas de solución de los litigios no debe considerarse como un remedio de las dificultades de funcionamiento de los tribunales de justicia, sino como otra forma más consensual de pacificación social y solución de conflictos y litigios que, en muchos casos, será más conveniente que el hecho de recurrir a un tercero como es el caso del juez o del arbitraje.
El Libro Verde resalta la importancia de los ADR. Y en concreto, subraya que: "Las ADR se inscriben plenamente en el contexto de las políticas sobre la mejora del acceso a la justicia. En efecto, las ADR desempeñan un papel complementario con relación a los procedimientos jurisdiccionales, en la medida en que, a menudo, los métodos aplicados en las ADR se adaptan mejor al carácter de los litigios... En efecto, en las formas de ADR en que los terceros no toman ninguna decisión, las propias partes no se enfrentan sino que, al contrario, emprenden un proceso de aproximación, eligen el método de resolución del conflicto y desempeñan un papel más activo en este proceso para intentar descubrir por sí mismas la solución que más les conviene. Una vez resuelto el conflicto, este enfoque consensual incrementa para las partes la posibilidad de que éstas sigan manteniendo relaciones de carácter comercial o de otro tipo" .
Finalmente, es de destacar, en el plano de Derecho positivo, que la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, define la mediación, en el artículo 3.a ), como " un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado miembro" .
Semejante definición se predica en el art. 1 de la Ley 5/2012, de 6 de julio ( RCL 2012, 947, 1047) , de mediación en asuntos civiles y mercantiles, cuando se afirma que: "Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador" .
4. Llegados a este extremo, es preciso distinguir, de las distintas formas de resolución de conflictos, entre el arbitraje y la mediación.
El arbitraje puede ser definido como una institución que permite a las personas, sean naturales o jurídicas, y mediante una expresión libre de voluntad, someter las cuestiones litigiosas actuales o futuras de las que tengan libre disposición conforme a derecho a la decisión vinculante de uno o más árbitros, siguiendo el procedimiento arbitral.
En definitiva, y con la vista puesta en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre ( RCL 2003, 3010 ) , de Arbitraje, la solución del árbitro es alternativa a la del juez en cuanto las partes, en materias sobre las que existe libre disposición, apuestan por desjudicializar la resolución de su contienda. El árbitro dicta un laudo, que surge de la previa declaración de voluntad de las partes de someterse a arbitraje contenida en el convenio arbitral.
Una vez que la Ley 5/2012, de 6 de julio ( Disposición Final Tercera), ha asimilado la mediación al arbitraje en orden a sustraer el conocimiento del conflicto a los jueces mediante la fórmula de la declinatoria ( Art. 63.1 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) ), la principal diferencia consiste en que en el arbitraje el árbitro resuelve, como lo hace un juez, pero con un alcance más limitado; en todo caso, resuelve sobre el fondo del conflicto a través del laudo vinculante, aunque para su ejecución sea necesario acudir a la tutela judicial. Mientras que el mediador no tiene la capacidad de resolver de forma vinculante el conflicto; de hecho, no lo resuelve, sino que, incluso cuando se le dota de la posibilidad de emitir una propuesta de solución, son exclusivamente las partes las que deciden asumirlo o rechazarlo. El acuerdo es, por ende, el fin del proceso mediador.

TERCERO
Inexistencia de convenio arbitral en el caso enjuiciado.
1. Tras este preámbulo, es de reseñar, asimismo, en función de los alegatos realizados en la vista del juicio, que la sumisión a arbitraje como mecanismo de resolución de la controversia no tiene carácter obligatorio e irrenunciable, a diferencia de lo que asevera la entidad demandante, en base a lo establecido en el REC 1400/2002 (LCEur 2002, 2079) (Art. 3.6 y Considerando 11) y a la jurisprudencia comunitaria y nacional que lo aplica, toda vez que si bien existe una única sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 16 de mayo de 2008 (POV 2009, 164039) -que no conforma, por tanto, doctrina jurisprudencial- que parece avalar la tesis de la actora al equiparar la designación judicial de un perito con la contemplada en la Ley de Arbitraje (RCL 2003, 3010) , no acontece lo mismo con la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero de 2007 (TJCE 2007, 10) , dado que en ésta, si bien se hace mención al perito independiente, al árbitro o al juez nacional, no hace una interpretación extensiva del Reglamento en los términos pretendidos e indicados por la sociedad demandante -es decir, que "una resolución judicial de conflictos únicamente se garantiza entendiendo el mecanismo regulado por el artículo 3.6 del REC 1400/2002 como un verdadero procedimiento arbitral" -.
Pero es que el artículo 3.6 del Reglamento de la Comisión (CE) núm.1400/2002, de pertinente aplicación al caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1 del contrato de concesión suscrito (vide. folio 35), como el mentado Considerando 11 del Reglamento, en momento alguno hacen referencia a que los conflictos deban resolverse a través de un procedimiento arbitral, como tampoco utilizan siquiera -en la versión española- el término árbitro, sino el de experto o mediador independiente .
El susodicho artículo 3.6, reza textualmente así: "La exención se aplicará a condición de que el acuerdo vertical establezca el derecho de cada una de las partes a someter a un experto o mediador independiente los litigios relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales" . Y el Considerando 11 utiliza los mismos términos. Así, expresa: "Con el fin de favorecer la resolución rápida de conflictos que surjan entre las partes de un acuerdo de distribución..., los acuerdos sólo podrán acogerse a la exención si establecen el derecho de cada una de las partes a recurrir a un experto o mediador independiente, en particular en caso de preaviso de resolución de un acuerdo" .
2. Sentado lo precedente, preciso es acudir al artículo 23 del contrato de concesión de constante alusión, en la que se fijó una forma alternativa de resolución de conflictos para el caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales (vide. folio 50), a los efectos de su interpretación.
Si bien la parte demandante acude para ello prácticamente a todos los preceptos que en tal materia se recogen en el Código Civil ( LEG 1889, 27 ) , y en concreto, a los artículos 1.282, 1.284, 1.285, 1.286 y 1.288 del mentado Texto Legal, lo cierto es que obvia el primero de ellos, el 1.281 delo CC, que regula y contempla la interpretación literal como forma hermenéutica primigenia, el cual, evidentemente, hay que tener en cuenta y tomar en consideración en el caso que nos ocupa.
Así, de una detenida y minuciosa lectura del artículo de referencia, se extrae la lógica consecuencia de que estamos ante un "acto de conciliación", como así viene intitulado en el mismo y refrendado en su contenido, es decir, como un acto propiamente de mediación.
Este artículo 23 del contrato de concesión, debe ser, por tanto, entendido e interpretado en sus propios términos. A tal efecto, esta Sala estima que los mismos son claros y meridianos, pues, todo y contener la palabra "árbitro", tal término -genérico- no puede equipararse a arbitraje , ya que ni en dicha cláusula, ni en otra, se incluye el procedimiento arbitral a seguir, lo cual hubiera sido lo lógico y coherente establecerlo y determinarlo, para el caso de que las partes hubieran querido someter sus controversias a arbitraje.
De dicho artículo realmente resulta todo lo contrario, toda vez que en el mismo se indica y se expresa que: "En el supuesto de desacuerdos sobre el cumplimiento de sus obligaciones contractuales,las partes deberán ponerse de acuerdo sin demora sobre el nombramiento de un experto independiente o árbitro, así como sobre los pormenores de este acto de conciliación . Es decir, de su contexto se desprende que la función de este experto es celebrar un acto de conciliación, entendido como mediación, atendiendo a lo regulado por el mentado artículo 3 del Reglamento (CE). O sea, que ese experto , en caso de desacuerdo entre las partes, debe de interceder y mediar entre ellas, a los efectos de que puedan alcanzar un acuerdo amistoso. Del referido clausulado en modo alguno se colige, ni se deduce, que el experto pudiera tener como función iniciar un procedimiento arbitral; sin poder olvidar, ni ignorar, además, que en caso de que hubiere alguna duda al respecto, ésta ha de interpretarse de forma restrictiva y resolverse siempre en contra de la existencia de arbitraje, el cual, por ende, no puede ser impuesto a alguna de las partes.
Pero es más, en el propio artículo 23 de constante referencia, se recoge al final que: "Ello no afectará al derecho de las partes a acudir a un tribunal nacional" , lo cual, obviamente, viene a comportar asimismo, que en el supuesto objeto de examen quede efectivamente excluida que la controversia pueda resolverse por medio de arbitraje.
3. Corolario de lo hasta aquí expuesto, es la desestimación de la pretensión actora relativa a que se nombre por este Tribunal un árbitro, a los efectos de que, a través del procedimiento arbitral, resuelva acerca de la controversia dimanante de la relación contractual existente inter partes, dada la inexistencia en el supuesto de autos de convenio arbitral -Art. 15.5 de la L.A.-.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno -Art. 15.7 de la L.A.-.

CUARTO
 .- Costas.
No es de hacer especial declaración acerca de las costas del presente juicio, habida cuenta las dudas razonables que pudieran existir por el hecho de haberse incluido la palabra "árbitro" en el artículo 23 del contrato de concesión de referencia, y ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394, 1., párrafo primero "in fine", de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) .

PARTE DISPOSITIVA
LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, ha decidido:
DESESTIMAR la solicitud deducida por la representación procesal de RODEALER, S.L. contra VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A. ("VAESA") y DECLARAR no haber lugar al nombramiento judicial de árbitro, debido a la inexistencia de convenio arbitral en el caso objeto de examen; ello, sin hacer imposición de las costas del presente juicio verbal a ninguna de las partes.
Contra la presente resolución no cabe recurso.
Así lo acuerdan, mandan y firman el Presidente y los Magistrados indicados al margen, doy fe.
PUBLICACIÓN. La sentencia se ha firmado por todos los Magistrados que la han dictado y publicada de conformidad con la Constitución y las Leyes. Doy fe.