Expertos en Infancia y Adolescencia alertan en una jornada en el ICAB de la necesidad de alcanzar un consenso para cambiar el modelo de protección a la infancia, que consideran agotado, y de pasar de controlar el conflicto a trabajarlo. Ayuda y control son incompatibles

Más de 250 personas han seguido la jornada “Un sistema de protección a la infancia en revisión: hacia un modelo más garantista y respetuoso con los derechos”, organizada por la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del ICAB, que ha servido para identificar deficiencias del sistema de protección de la infancia y la adolescencia y proponer alternativas con expertos de distintos ámbitos.

En este sentido, los expertos participantes han puesto de relieve la necesidad de situar en el centro el interés superior del menor en relación con el modelo de protección a la infancia y la adolescencia en Catalunya, para garantizar los derechos de niños, adolescentes y sus familias. Por ello, han hecho hincapié en la necesidad de contar con verdaderos programas de prevención con trabajadores sociales y Administraciones, y para ayudar a las familias con medios para proporcionar todas las necesidades básicas que requieren los menores, con el fin de reconducir situaciones de vulnerabilidad y evitar, en la medida de lo posible, separarlos de sus seres queridos. En caso de que esto no sea viable, y transcurridos los dos años que prevén los protocolos, los expertos piden iniciar el procedimiento preadoptivo y que el internamiento sea siempre el último recurso.

La inauguración de la jornada ha ido a cargo de la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo; la síndica de agravios de Cataluña, Esther Giménez-Salinas; la secretaria de Ciclos de Vida y Ciudadanía del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, Teresa Llorens; y el presidente de la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del ICAB, Xavier Campà.

En su intervención, la decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha destacado el trabajo de la Sección de Infancia y Adolescencia del ICAB por organizar una jornada transversal que ha contado con perfiles como educadores sociales, psicólogos, trabajadores de centros residenciales (CRAE) y técnicos de la DGPPIA para analizar un tema tan importante como es la protección de la infancia. También ha puesto en valor el papel esencial de la abogacía en la protección de los derechos de la infancia y ha destacado que, gracias al acuerdo entre la abogacía y el Departamento de Justicia y Calidad Democrática, se cuenta con asistencia letrada previa para la tramitación del expediente de protección. “Desde la abogacía catalana hemos luchado para conseguir este módulo y, además, estamos trabajando en la elaboración de un programa formativo en colaboración con el CEFJE para garantizar que los abogados que intervienen en estos procedimientos estén especializados”, ha declarado. Por último, la decana del ICAB ha pedido a las Administraciones una mayor colaboración institucional para que los equipos de Infancia informen a las familias sobre la posibilidad de solicitar justicia gratuita y ha reclamado que la abogacía esté presente desde el primer momento para poder llevar a cabo la asistencia jurídica con las garantías necesarias.

Durante el acto inaugural, Xavier Campà ha agradecido el trabajo de los miembros de la sección que ha hecho posible la jornada y ha alertado de la necesidad de revisar las políticas de protección a la infancia. Ha subrayado la importancia del trabajo preventivo y ha insistido en que los centros de tutela deben ser siempre el último recurso: “Los menores no pueden crecer en centros residenciales”. Además, ha señalado incumplimientos en los plazos legales por parte de la Administración: “Derivarlos a centros no es la solución, porque se rompen los vínculos familiares y se agrava su vulnerabilidad”.

Por su parte, la secretaria de Ciclos de Vida y Ciudadanía del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, Teresa Llorens Carbonell, ha afirmado que el sistema ha sido muchas veces tensionado, con desequilibrios y sobrecarga, y ha indicado que se están realizando esfuerzos para transformarlo en profundidad, con impacto real en el bienestar de los menores. Ha destacado los servicios de intervención socioeducativa (SIS) como pieza clave para acompañar a los menores y sus familias y evitar situaciones de riesgo, así como la necesidad de revisar los modelos vigentes desde 2010. También ha abogado por mejorar la atención integral en casos de violencia mediante el modelo Barnahus, reconociendo que aún queda mucho trabajo por hacer.

La síndica de agravios de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha subrayado la importancia de que los menores dispongan de justicia gratuita y ha instado a elaborar una ley que prohíba que los menores de 6 años estén tutelados. También ha lamentado la duración excesiva de estos procesos y ha pedido que sean más breves.

La jornada se ha iniciado con la conferencia marco “Proteger significa garantizar el derecho a tener infancia”, a cargo del psicólogo Jaume Funes i Artiaga, quien ha recordado que todo niño tiene derecho a ser cuidado y a tener cubiertas sus necesidades básicas, empezando por las afectivas.

A continuación, se ha dado paso a la primera de las cinco mesas en las que se estructura esta jornada. Esta primera mesa se ha analizado el marco legal y los principios de la protección de la infancia y la adolescencia, con Xavier Puigdollers, abogado y miembro de la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del ICAB; y las políticas públicas de prevención y protección de la infancia, con Josep Muñoz Luque, director general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Muñoz ha expuesto que la DGPPIA  atiende a 8.687 menores de 18 años, de los cuales 3.400 están acogidos por familias y unos 5.200 en centros residenciales; y si se suman los ex tutelados, la cifra total se eleva a unos 15.000 menores. Muñoz ha reconocido que el principal reto es reducir al máximo el número de casos que llegan a los EAIA y, de los que lleguen, intentar que el mínimo acaben en situaciones de desamparo: “Es fácil decirlo, pero debemos dotarlo de medidas”. En este sentido, ha puesto en valor el conjunto de reformas realizadas en la DGPPIA para avanzar en la desinstitucionalización de los procesos, garantizar que los menores tengan mejores condiciones en los centros y atender con más recursos los “casos complejos”, a la espera de aprobar un plan de choque con un presupuesto concreto.

El análisis sobre los acogimientos familiares ha ido a cargo de Elena Lledós, directora del ICAA. Y, por último, se han dado a conocer las recomendaciones de la Sindicatura de Greuges en los últimos informes, con la intervención de Aida C. Rodríguez, adjunta para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes. La mesa ha sido moderada por Xavier Campà, presidente de la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del ICAB.

La segunda mesa ha abordado la “Prevención y detección precoz: ¿cómo mejorar la coordinación entre salud, escuela y servicios sociales?”. Ha expuesto la perspectiva del ámbito sanitario por Anna Fàbregas, pediatra del Hospital Vall d’Hebron, y Daniel Ortega Ortigoza; en el ámbito educativo se contó con las aportaciones de Judith Miró, profesora y directora del Instituto de Sant Quirze del Vallès; y en el ámbito de los servicios sociales ha participado Àlex Gaya, psicólogo del EAIA del Baix Llobregat. Todos ellos han sido moderados por Meritxell Bosch, abogada y vicepresidenta de la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del ICAB.

La tercera mesa ha pemitido conocer la voz y el testimonio de jóvenes extutelados, quienes han dado a conocer sus casos. En concreto, participaron Marc Bellido, presidente de la Asociación de Extutelados de Cataluña; Mariona Masllorens, coordinadora del proyecto “Entre Jóvenes” de la Red de entidades para la emancipación juvenil (FEPA); Gisela Gómez, joven vinculada al proyecto “Entre Jóvenes”; y Bintou Jawara, participante del Proyecto ENYA (European Network of Young Advisors) de la red europea de defensores de la infancia ENOC (European Network of Ombudsperson for Children), actualmente vinculada también al proyecto “Entre Jóvenes”. La mesa ha sido moderada por Anna Piferrer, asesora de infancia de la Sindicatura de Greuges. Los jóvenes extutelados expusieron la necesidad de una mayor “flexibilidad” y más recursos, tanto profesionales como económicos, para poder acceder a una vivienda o contar con elementos esenciales como dinero para alimentación. Todos han coincidido  en que no se puede abandonar a los jóvenes al cumplir los 18 años, ya que continúan teniendo necesidades hasta poder valerse por sí mismos y tienen derecho a la formación y a su desarrollo integral.

La cuarta mesa, titulada “Un nuevo modelo es posible: diversificar la respuesta preventiva y/o protectora”, ha contado con la participación de Jean Schmitz, director del Instituto Latinoamericano de Prácticas Restaurativas; Carmen Panchón, miembro de la Comisión de Deontología del COPEC; Joan del Rio, gerente de la Fundación Acción Social Infancia y de la Fundación Infancia y Familia; y Aitor Echebarria, del Programa de Atención Socioeducativa a partir de la Calle del IMSS. En esta ocasión, ha actuado como moderador Jordi Casajoana, abogado mediador y vocal de la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del ICAB y codirector del posgrado de resolución de conflictos del ICAB.

La quinta y última mesa de la jornada, bajo el título “La reforma del sistema: hacia un modelo más garantista”, ha contado con la participación de Sílvia Giménez-Salinas, decana emérita del ICAB y presidenta del Observatorio de los Derechos de las Personas, quien ha expuesto la necesidad de reforzar los derechos de los niños y sus familias. El presidente de la Sección 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Xavier Pereda, ha abordado el control judicial de las resoluciones de la DGPPIA; el fiscal responsable del grupo de menores de Barcelona, Francisco Javier, ha explicado los cambios de mejora desde la perspectiva de la Fiscalía; y la abogada Elena Villa dio a conocer la visión de la abogacía. La quinta mesa ha sido moderada por Cristina Díaz-Malnero, abogada de familia y diputada de la Junta de Gobierno del ICAB.

La clausura ha contado con las intervenciones de Cristina Díaz-Malnero, abogada y diputada de la Junta de Gobierno del ICAB; Mònica Martínez Bravo, consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya; Esther Giménez-Salinas, síndica de Greuges de Cataluña; y Xavier Campà, presidente de la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del ICAB.