NOTA DE PRENSA: Los colegios de Economistas, de la Abogacía y la Ingeniería de Caminos reclaman unas administraciones más "sensibles, eficientes y competitivas" para gestionar los Fondos Next Generation-EU y garantizar la recuperación económica

Barcelona, 5 de mayo de 2021. Mejorar la calidad de las administraciones para garantizar la recuperación económica y aprovechar la oportunidad que ofrecen los Fondos Next Generation-EU. Con este objetivo los colegios de economistas, de la abogacía y la ingeniería de caminos han presentado hoy el Grupo de Trabajo de Evaluación de Políticas Públicas (GTAPP) y un documento con 12 propuestas de mejora para unas administraciones más "sensibles, eficientes y competitivas ".

El decano del Colegio de Economistas, Oriol Amat, ha explicado que "hay que potenciar la capacidad de nuestras instituciones de gobernar un mundo de una complejidad creciente.  Esto es hoy un debate necesario y urgente". En este sentido, Amat ha asegurado que los Fondos Next Generation-UE "constituyen una prueba decisiva para medir la madurez de nuestras administraciones públicas y de su capacidad para hacer frente a este reto, y dotarlas de todos aquellos recursos necesarios que coayuden a la canalización eficaz y eficiente de este plan".

Por su parte, el decano del Colegio de la Ingeniería de Caminos, Oriol Altisench, ha hecho hincapié en el paso adelante que supone la creación de este grupo de trabajo, que nace con vocación de apertura a otras entidades de la sociedad civil y, sobre todo, "con voluntad de contribuir al bien común poniendo la capacidad de nuestros profesionales al servicio de las administraciones". "Tenemos grandes desafíos, la salida de la crisis provocada por la pandemia, pero también el cambio climático, transición energética o los grandes cambios urbanos ligados al urbanismo y la movilidad. Y todos estos desafíos reclaman la responsabilidad, la exigencia y el compromiso de todos", ha remarcado Altisench.

De la capacidad de las administraciones públicas para asumir este reto dependerá, en gran parte, la evolución económica y social de las próximas décadas, y, por tanto, la capacidad estructural y organizativa de las administraciones implicadas para el guiado, apoyo y cooperación con el mundo privado para la ejecución de los proyectos, se convierte en un elemento central. El decano de la Junta Provisional del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ​​Josep M. Balcells, ha expuesto que las 12 propuestas "deben ser vistas como una oportunidad para la cooperación efectiva entre las administraciones. Al margen de su ámbito territorial, las administraciones públicas deben favorecer el trabajo a través de estructuras más flexibles para ofrecer servicios básicos a la ciudadanía de manera más eficiente y coordinada". Balcells ha reclamado un "compliance del sector público -cumplimiento normativo y ético, como mecanismo para garantizar que éstas se gestionen de forma más transparente. Hay que ofrecer mejores servicios y dar respuestas de mayor calidad a la ciudadanía, contribuyendo a mantener la sociedad del bienestar y la defensa de los derechos humanos”.

El Grupo de Trabajo, con la participación de profesionales de los tres colectivos, está coordinado por Andreu Ulied, que ha presentado el documento de 12 propuestas. Ulied ha lamentado "la gran desconfianza entre administraciones públicas de todas las escalas y sectores, entre administraciones y ciudadanos, entre los profesionales de la administración y los políticos. Hay una gran asimetría entre la capacidad de gestión y planificación de las entidades públicas y de las grandes empresas privadas, a favor de los privados". Según el análisis del GTAPP, Cataluña "afortunadamente dispone de algunas islas de excelencia, pero los estudios que periódicamente publica el Instituto de Gotemburgo -de referencia en el ámbito de la evaluación de políticas públicas- nos indican que tras la crisis económica de 2008 no se produjo una mejora apreciable en la calidad de las administraciones catalanas o españolas, y lo más probable es que tampoco se produzca después de la crisis derivada de la COVID-19”.