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Reducir en un punto la saturación de los tribunales en España permitiría sacar al mercado 3.100 viviendas en Barcelona, según ha afirmado el abogado y economista Juan Mora-Sanguinetti, en un acto impulsado por el ICAB y el ICPB

Así se ha puesto de manifiesto durante el desayuno jurídico, celebrado en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona con el título “Cuánto vale una sentencia”, que ha tenido como objetivo analizar el impacto económico de los procesos judiciales en la empresa y la sociedad española.

Tue Nov 17 14:51:22 CET 2026

 

  • La congestión judicial y la hiperregulación frenan la vivienda, el crédito y el crecimiento empresarial en España.
  • España en momentos de recesion ha estado entre los primeros países de la OCDE con mayor litigiosidad por un tema cultural. Dentro de España, Cataluña, junto a Madrid, Valencia y Andalucía, son las comunidades con mayor volumen de litigiosidad debido principalmente a una mayor población y volumen de empresas.
  • El colapso en los juzgados y el creciente volumen y complejidad de las leyes en España tienen un coste directo sobre el acceso a la vivienda, el emprendimiento y la inversión.
  • Una disminución de 10 puntos porcentuales en la tasa de congestión conllevaría un aumento medio de 0,1 puntos porcentuales en la tasa de inversión de las compañías.
  • Para revertir el colapso judicial es necesario priorizar la digitalización de la Administración de Justicia, fomentar los métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR) para evitar que los litigios lleguen a sala y abrir una reflexión pausada sobre el diseño de las tasas y las costas judiciales.

 

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) han analizado el impacto económico de los procesos judiciales con la participación del abogado y economista Juan S. Mora-Sanguinetti en el marco de un acto celebrado en la sede del ICAB, bajo el título “Cuánto vale una sentencia. El impacto económico de los procesos judiciales en la empresa y la sociedad”.

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, y el decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, Javier Segura Zariquiey, han presentado el acto y han declarado que es fruto de la celebración de la primera de las juntas conjuntas de ambos colegios profesionales.

Para la decana del Colegio de la Abogacía, Cristina Vallejo, la celebración de este acto "es una oportunidad para mirar más allá del expediente judicial y pensar en las consecuencias del funcionamiento de la justicia. Porque el coste de un proceso no se agota en sus gastos. También debemos preguntarnos qué supone la espera: para quien reclama una deuda, para una empresa que necesita decidir si invierte o para una persona que espera hacer efectivo un derecho".

Vallejo ha destacado que “la actual sobrerregulación en materia de vivienda está generando inseguridad jurídica por la superposición de leyes estatales y autonómicas que se traduce en un aumento de la litigiosidad y afecta a la confianza del mercado”. Y ha añadido que las posibles soluciones pasan por fomentar la cultura del pacto y el uso de los MASC para intentar que no lleguen todos los conflictos a los tribunales, pero sobre todo regular con confianza, con memorias económicas y con análisis estadísticos, ya que la desigualdad territorial provoca que la justicia sea desigual en función de la comunidad autónoma en la que se vive.

Por su parte, el decano del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona, Javier Segura Zariquiey, también ha criticado la “sobrerregulación” existente en España en materia de vivienda, ha argumentado que la lentitud de la justicia crea una “economía retrasada” y ha llamado a la necesaria “voluntad política” a fin de que el colectivo profesional de la procura pueda asumir más competencias, en particular en lo que hace referencia a la ejecución de las sentencias. En este sentido, ha destacado los 12.000 millones de euros que las empresas del IBEX 35 aprovisionan para pleitos en España; unos recursos que, en su opinión, se detraen de otros ámbitos a los que les sería necesaria una inversión de esta magnitud.

La congestión judicial y la hiperregulación frenan la vivienda, el crédito y el crecimiento empresarial en España

Durante el acto, el abogado y economista Juan S. Mora-Sanguinetti ha declarado que España ha estado en momentos de recesión entre los primeros países de la OCDE con mayor litigiosidad. Cataluña, junto a Madrid, Valencia y Andalucía, son las comunidades autónomas con mayor volumen de litigiosidad debido principalmente a una mayor población y volumen de empresas.

Mora-Sanguinetti también ha puesto de manifiesto que la alta litigiosidad junto a la inseguridad jurídica derivada del exceso regulatorio —ya que entre 1979 y 2022 se publicaron en España 414.272 normas, y el ritmo de aprobación se ha cuadruplicado desde 1978, alcanzando las 12.250 nuevas disposiciones solo en el año 2020, así como la complejidad de las mismas— están frenando el crecimiento empresarial en España y tienen un coste directo sobre el acceso a la vivienda, el emprendimiento y la inversión.

En su exposición ha dado a conocer que, según un análisis basado en una muestra de 653.289 empresas, agilizar la justicia y simplificar el marco normativo son factores determinantes para dinamizar la economía española. En este sentido, Sanguinetti ha puesto de relieve que reducir en un punto la saturación de los tribunales en España permitiría sacar al mercado 3.400 viviendas de alquiler en Madrid, 3.100 en Barcelona y 1.400 en Valencia.

Durante el acto, Juan Mora-Sanguinetti también ha afirmado que la eficiencia de los tribunales condiciona el crecimiento y la financiación del sector privado. En este sentido, ha subrayado que una disminución de 10 puntos porcentuales en la tasa de congestión conlleva un aumento medio de 0,1 puntos porcentuales en la tasa de inversión de las compañías. Y en cuanto al emprendimiento, “alcanzar las mejores prácticas judiciales elevaría entre un 0,6 % y un 2,8 % el tamaño medio de las empresas españolas e impulsaría entre un 5 % y un 7 % la tasa de entrada de nuevos emprendedores”, ha declarado Sanguinetti. En cuanto al crédito, ha expuesto que mejorar en un punto la tasa de liquidación judicial se traduciría en un incremento del 0,32 % en la tasa de crédito total respecto al producto interior bruto (PIB).

“Este fenómeno penaliza directamente la creación y fortaleza del tejido productivo: un aumento del 1 % en el volumen regulatorio se asocia con una caída del 0,05 % en el número total de empresas y con una reducción de entre el 1,4 % y el 1,8 % en el capital inicial de las compañías de nueva creación”, ha declarado el abogado y economista Juan S. Mora-Sanguinetti.

Sanguinetti también ha declarado que “la calidad técnica de las leyes también pasa factura”. Los indicadores muestran que la normativa autonómica presenta serias dificultades de lectura -con Cataluña situada en niveles intermedios respecto al resto de comunidades-; por ello, simplificar el lenguaje y la estructura legal aporta beneficios medibles: mejorar un 1 % la legibilidad de las normas eleva un 0,07 % la productividad por hora trabajada y reducir un 1 % las remisiones o enlaces internos entre leyes disminuye un 0,02 % la congestión judicial.

La solución al colapso: la digitalización y métodos alternativos como hoja de ruta

Para revertir el colapso de los tribunales y la alta litigiosidad en España, Juan Mora-Sanguinetti ha subrayado que no basta con inyectar recursos de forma indiscriminada, sino que se debe reorientar la gestión y la inversión del sistema. Las principales líneas de actuación que ha apuntado son priorizar la digitalización de la Administración de Justicia, fomentar los métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR) para evitar que los litigios lleguen a sala y reflexionar sobre el diseño de las tasas y las costas judiciales.

El desayuno jurídico “Cuánto vale una sentencia. El impacto económico de los procesos judiciales en la empresa y la sociedad” ha contado con una alta participación, entre la cual cabe destacar por parte del ICAB, además de la decana, el vicedecano Jorge Navarro, las diputadas Cristina Díaz-Malnero y Natalia Centella, y el diputado Quim Clavaguera, así como representantes de otros colegios profesionales como el decano del Colegio Notarial de Catalunya; José Alberto Marín, la decana del Colegio de Graduados Sociales, Montserrat Cerqueda, y el decano del Colegio de Economistas de Catalunya, Carles Puig de Travy, entre otros representantes del mundo jurídico y empresarial catalán.

 

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