Objetivo

Desde noviembre de 2016, el derecho a interpretación y traducción, y el derecho a la información y al acceso a un abogado tienen que estar garantizados en los procesos penales en casi la totalidad de los Estados miembros de la UE gracias a la transposición de las directivas comunitarias correspondientes.

Por ello, jueces, fiscales, abogados defensores, agentes del orden público, así como intérpretes jurídicos y traductores deberán poner en práctica estos nuevos derechos en su trabajo diario.

Temas principales

• ¿Cuándo existe la necesidad de interpretación? ¿Qué documentos son esenciales? ¿Qué recursos hay? Cuestiones básicas del derecho a interpretación y traducción en la Directiva 2010/64/EU
• ¿En qué momento se distribuye la declaración de derechos? ¿A qué material del expediente se podrá acceder? Cuestiones básicas del derecho a la información en la Directiva 2012/13/EU
• ¿Interrogatorio de la policía en presencia de un abogado? ¿Asistencia jurídica obligatoria? Cuestiones básicas del derecho al acceso a un abogado en la Directiva 2012/13/EU y el derecho a la asistencia jurídica
• Principales características de la Directiva sobre presunción de inocencia y la Directiva sobre garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales
• Definiciones en la jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• Primera jurisprudencia del TJUE: I. Balogh (C-25/15) y G. Covaci (C-216/14)
• Experiencias prácticas en Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, España

¿A quiénes va dirigida?

• Jueces, fiscales, abogados defensores, agentes del orden público e intérpretes jurídicos y traductores principalmente de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, España.

Idiomas

• Español, Francés (interpretación simultánea)

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