El Consell de l'Advocacia Catalana y el Gobierno de la Generalitat han formalizado en el Palau de la Generalitat un acuerdo para reforzar estructuralmente el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita en Cataluña, un pilar esencial para garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

El acuerdo, que ha sido firmado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y por el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Rogeli Montoliu, establece el compromiso político e institucional de un incremento adicional de 5,7 millones de euros anuales durante cuatro años, hasta alcanzar un total de 22,8 millones de euros, con el objetivo de recuperar progresivamente el 31% del poder adquisitivo perdido desde 2011 en la compensación económica de las actuaciones profesionales del Turno de Oficio.

Este acuerdo se inscribe en un contexto de transformación y refuerzo del servicio público de justicia y da respuesta a una reivindicación sostenida de la Abogacía Catalana, así como a la necesidad de asegurar un sistema estable, sostenible y capaz de responder a las crecientes necesidades de la ciudadanía.

El compromiso suscrito entre el Consell de l'Advocacia Catalana y el Gobierno tiene carácter finalista y prevé que los recursos adicionales se destinen directamente a la retribución de las actuaciones profesionales de los abogados y abogadas del Turno de Oficio, a la actualización de los módulos y guardias y a la mejora de la asistencia al detenido. Este enfoque garantiza que el incremento presupuestario tenga un impacto directo y tangible en el funcionamiento del servicio y en la calidad de la atención prestada a la ciudadanía.

Servicio público esencial

El presidente del Consell de l'Advocacia Catalana y decano del Colegio de Abogados de Vic, Rogeli Montoliu, ha agradecido el compromiso del Gobierno con el Turno de Oficio y ha subrayado que este acuerdo “no es solo económico, sino que es el reconocimiento de que la justicia gratuita es un servicio público esencial que solo puede funcionar si detrás hay profesionales respetados, escuchados y adecuadamente compensados”.

Montoliu ha indicado que “la recuperación progresiva del poder adquisitivo perdido, la creación de nuevos módulos y la adaptación del servicio a la realidad de los territorios son pasos necesarios para garantizar la dignidad profesional y la calidad del servicio a la ciudadanía”.

El presidente del Consell ha asegurado que asume este acuerdo con “exigencia”, porque “somos conscientes de que no estamos ante un punto final, sino ante un punto de partida”, y ha añadido que “velaremos para que este camino de mejora tenga continuidad, siempre con la voluntad de fortalecer el sistema y cuidar a los profesionales que lo hacen posible”.

Más recursos en el convenio de 2026

Este importante acuerdo político e institucional, que permitirá recuperar el poder adquisitivo perdido por la abogacía del Turno de Oficio en los últimos quince años, se complementa con la firma del convenio de colaboración para 2026 con el Departamento de Justicia y Calidad Democrática, mediante el cual se aportan los recursos económicos que contribuyen a financiar algunas de las tareas que desarrolla el Consell de l'Advocacia Catalana, especialmente la gestión del turno de oficio, las guardias y la compensación de las actuaciones profesionales.

El convenio, firmado por el "conseller" Ramon Espadaler y el presidente del Consell, Rogeli Montoliu, prevé una dotación global para 2026 de 74,2 millones de euros, de los cuales 70,2 millones se destinan directamente a compensar las actuaciones profesionales de los abogados y abogadas del Turno de Oficio, mientras que 4 millones de euros se destinan a los gastos de gestión de los colegios profesionales, necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Este importe supone un incremento de 1,82 millones de euros respecto al convenio del año 2025, que se destinará exclusivamente a compensar las actuaciones profesionales del Turno de Oficio, con la ampliación de la cobertura del servicio y la incorporación de nuevas mejoras sin reducir las prestaciones existentes.

Mejoras territoriales

Uno de los ejes centrales del convenio de 2026 es el despliegue territorial del servicio, con medidas adaptadas a la realidad de cada partido judicial, entendido como el ámbito territorial en el que se organiza la actividad de los juzgados y donde se presta el servicio de asistencia jurídica gratuita.

En primer lugar, el convenio prevé la creación de un nuevo turno de guardia de extranjería en el partido judicial de Figueres, con dos abogados de guardia diarios y una dotación específica de 7.250 euros, con el objetivo de reforzar la atención jurídica especializada en un ámbito de elevada complejidad y con una incidencia especialmente significativa en este territorio.

Asimismo, se impulsa el refuerzo del turno penal en Santa Coloma de Farners, con la incorporación de un abogado más de guardia y una dotación de 76.000 euros, para mejorar la capacidad de respuesta en materia penal y reducir la carga de trabajo existente.

El convenio incluye también el refuerzo del turno de guardia de atención a las víctimas de violencia machista en los partidos judiciales de Cervera y Balaguer, con una dotación específica de 27.950 euros, destinada a mejorar la cobertura del servicio y garantizar una atención jurídica especializada a las víctimas en un ámbito de especial sensibilidad. Asimismo, se incorpora un abogado más a la guardia de atención a las víctimas de violencia machista en Barcelona.

En cuanto a la organización del servicio, el convenio prevé la adaptación del sistema de guardias del turno de detenidos en la Seu d’Urgell, que consolida el cambio a guardia semanal con una compensación incluso cuando no haya asistencias, más ajustada a la realidad del territorio y a la frecuencia real de las asistencias.

Nuevos módulos de compensación

Otro de los ejes relevantes del convenio es la creación de nuevos módulos de compensación, es decir, las cuantías económicas que perciben los profesionales del turno de oficio en función del tipo de actuación que realizan. Cada módulo se corresponde con un tipo concreto de actuación judicial.

En el ámbito penal, el convenio incorpora un nuevo módulo vinculado a la comparecencia del abogado de oficio en la audiencia del detenido prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, la audiencia en la que el juzgado decide sobre una posible prisión provisional o libertad con medidas. Este nuevo módulo dispone de una asignación económica global de unos 300.000 euros, destinada a reconocer una actuación especialmente relevante y hasta ahora no compensada de forma diferenciada.

El convenio crea también un nuevo módulo para los casos en los que un mismo abogado debe asumir la doble condición de acusación y defensa penal en un mismo procedimiento en nombre del beneficiario de justicia gratuita. Esta medida cuenta con una asignación económica prevista de 316.480 euros, destinada a reconocer una carga de trabajo adicional que hasta ahora no quedaba reflejada de manera específica en el sistema de compensaciones.

En el ámbito civil y mercantil, se introduce un nuevo módulo vinculado a los supuestos de reconvención, es decir, aquellos casos en los que el abogado de oficio representa a una persona demandada y decide responder a la demanda contra su cliente con una demanda contra la parte demandante. Este nuevo módulo tiene una dotación económica prevista de 300.000 euros.

Finalmente, en el ámbito laboral, el convenio crea un nuevo módulo para reconocer la intervención del abogado de oficio en la conciliación previa obligatoria antes de acudir a juicio, una actuación clave en muchos procedimientos laborales. Este nuevo módulo cuenta con una asignación económica prevista de 326.291 euros.

Este conjunto de medidas se completa con la revisión de los criterios interpretativos y de los sistemas de justificación de las actuaciones, con el objetivo de homogeneizar la compensación en todo el territorio y hacerla más clara, objetiva y ajustada al trabajo realmente realizado por los profesionales del Turno de Oficio.

Mejor formación y especialización

El texto del convenio pone un énfasis especial en la formación y especialización de los profesionales del turno de oficio como elemento clave para garantizar una atención de calidad en ámbitos de elevada complejidad jurídica y social.

En este marco, se refuerzan los requisitos y criterios de formación específica para los turnos especializados —como los de extranjería, violencia sobre la mujer, menores o ámbito penitenciario— y se promueve la formación continua de los profesionales, en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.

Impulso al uso del catalán

El refuerzo del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita va acompañado también de un impulso decidido al uso del catalán en el ámbito judicial, con el objetivo de garantizar de manera efectiva el derecho de opción lingüística de la ciudadanía e incrementar la presencia del catalán en un ámbito en el que sigue siendo claramente minoritario.

En este contexto, el Gobierno ha aprobado para 2026 dos programas específicos de fomento del catalán dirigidos, por un lado, a la abogacía del turno de oficio y, por otro, a la procuraduría que actúa en procedimientos con asistencia jurídica gratuita. Estos programas dan continuidad a las políticas impulsadas en los últimos años para revertir la infrarepresentación del catalán en los juzgados y contar con la implicación directa de los operadores jurídicos.

En lo que respecta a la abogacía, el Departamento de Justicia y Calidad Democrática ha renovado el convenio con el Consell de l'Advocacia Catalana para mantener durante 2026 el programa de fomento del uso del catalán en las actuaciones del turno de oficio, con una dotación de hasta 500.000 euros. El programa prevé complementos económicos para las actuaciones profesionales escritas realizadas en catalán, especialmente aquellas vinculadas al inicio o impulso de los procedimientos judiciales, como demandas, contestaciones o recursos.

Igualdad de condiciones

El servicio de Asistencia Jurídica Gratuita es el sistema mediante el cual las personas que no disponen de recursos suficientes para costear un abogado o asesoramiento jurídico pueden acceder a la justicia en igualdad de condiciones, garantizándoles asesoramiento jurídico, defensa y representación legal en procedimientos judiciales.

Este servicio incluye, entre otros, la asistencia letrada a personas detenidas, la designación de abogados y abogadas del turno de oficio y el acompañamiento jurídico en procedimientos civiles, penales, sociales, administrativos o de familia, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.