Que después de 15 horas de reunión las posturas estén más lejos que cuando comenzó el diálogo es muy preocupante, ya que supone un paso atrás en la resolución de un conflicto que está perjudicando gravemente al funcionamiento de los juzgados y tribunales de toda España.

La ciudadanía no merece ni el país puede permitirse los enormes perjuicios que la huelga está generando al paralizar o retrasar muy seriamente el normal funcionamiento del sistema judicial, que tutela y protege sus derechos y libertades. Este conflicto, al tiempo, condiciona seriamente la vida diaria de algunos colectivos vulnerables, como es el caso de pagos de pensión de alimentos desde cuentas judiciales a familias sin otros ingresos, entre otros. Un estado democrático con la Justicia paralizada pierde uno de los pilares fundamentales que lo sustentan.

Respetando el ejercicio del derecho a huelga, han de realizarse por parte de los LAJs y del Ministerio todos los esfuerzos posibles para evitar trastornos adicionales a ciudadanos y profesionales. Deben cumplirse escrupulosamente los servicios mínimos, así como evitarse comparecencias infructuosas, cuando las suspensiones son previsibles.

Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía hace un llamamiento a la responsabilidad y reclama un calendario urgente de negociación que permita alcanzar ya un acuerdo satisfactorio a través del diálogo.