• Juan Carlos Campo, José Luis Martínez-Almeida y Dolores Delgado han inaugurado el encuentro en la sede del Colegio de Abogados de Madrid
•  José María Alonso traslada al ministro de Justicia la inquietud del mundo jurídico por el aparente olvido de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia

Madrid, 25 de marzo de 2021.- La convicción de que una Justicia especializada en materia de Familia y discapacidad es necesaria para garantizar la igualdad en el acceso de los ciudadanos a los tribunales y proteger a los menores en los procesos judiciales ha unido hoy, en el Colegio de Abogados de Madrid, a más de cincuenta profesionales de todos los estamentos jurídicos y especialistas en infancia.

Una reivindicación que han abanderado en la inauguración del I Congreso de Infancia y Adolescencia los decanos de la abogacía de Madrid y Barcelona, José María Alonso y Mª Eugènia Gay, y el presidente de la plataforma Familia y Derecho, Xavier Abel. En el acto inaugural han intervenido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

“Este Congreso pretende visibilizar la necesidad de una Jurisdicción de Familia con implantación en todo el territorio nacional, con especialización, y dotada de los recursos económicos y personales que permitan el acceso a la jurisdicción en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía, sea cual sea su lugar de residencia”, ha señalado el decano del ICAM.

Sobre esta necesidad, especialmente acuciante en las localidades pequeñas que solo cuentan con Juzgados de Primera instancia no especializados o mixtos y sin recursos de apoyo, vienen alertando desde hace años todos los operadores jurídicos que intervienen en los procesos de Familia y menores, todos ellos presentes en estas jornadas a través de representantes de judicatura, fiscalía, abogacía y demás profesiones relacionadas.

Para Alonso, conseguir una Jurisdicción de Familia y Menores, especializada y con recursos “garantiza los derechos de los niños, sujetos pasivos y en ocasiones víctimas en las crisis de familia”. Por ese motivo, y aprovechando la presencia de Juan Carlos Campo en el acto, el decano madrileño ha recalcado al ministro “la necesidad de crear la jurisdicción especial de Familia”, trasladándole además “la inquietud de los operadores jurídicos por el aparente olvido en la ley orgánica de protección integral a la Infancia que se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario y en la que no se hace mención a esta jurisdicción”. 

En su intervención, la decana de la Abogacía de Barcelona ha destacado que la especialización orgánica de la planta judicial “es una de las grandes reivindicaciones de quienes nos dedicamos profesionalmente al Derecho de Familia, pues son muchos los beneficios individuales, colectivos y operativos que se derivan de la misma en interés de las personas que participan en un procedimiento; y muy especialmente de los usuarios del servicio público de justicia y de los menores”.

En ese sentido, Mª Eugènia Gay ha recordado que “la protección del interés de los niños, niñas y adolescente en los procesos judiciales es hoy una de las máximas obligaciones de los poderes públicos de acuerdo con el art. 39 de la Constitución Española y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor del año 1996”. 

Por su parte, el presidente de la plataforma Familia y Derecho ha recordado que esta asociación interdisciplinar tiene una única finalidad: “la especialización en el orden jurisdiccional civil de las materias de infancia, familia y capacidad y esperamos que en este Congreso y con este Gobierno pueda haber una consolidación definitiva en este nuestro objetivo principal”.

Evitar la revictimización 
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha recordado que es la obligación de este operador jurídico “garantizar el derecho de los menores a ser oídos en todos los procedimientos, y debemos velar por que este derecho se ejercite con todas las garantías, disponiendo de los medios necesario para evitar la revictimización y cualquier efecto negativo que un procedimiento puede generar en un menor”.

En ese sentido, “la detección temprana de situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física, sexual, psicológica o moral de los menores su imagen o su normal desarrollo es esencial para adoptar las medidas de protección y hacerlo de forma inmediata y eficaz”, ha concluido Delgado.

Garantizar la protección 
Por su parte, el alcalde de Madrid ha recordado que la infancia y la adolescencia ha sido uno de los colectivos que más ha sufrido durante la pandemia, “donde se han podido agudizar problemas que ya venían arrastrando desde el punto de vista familiar, pero también otros que no nos podemos permitir como por ejemplo la brecha educativa”.

Para Martínez-Almeida, “no hay mejor inversión para el futuro de una sociedad que garantizar la mejor protección jurídica, social e institucional de nuestra infancia y adolescencia que son a los que les corresponde tomar el testigo en el futuro para construir una sociedad libre y abierta como es en estos momentos la sociedad española”. 

Alternativas a la jurisdicción 
El ministro de Justicia ha iniciado su intervención recordando que corresponde en primer lugar a las personas adultas de su entorno preservar a los menores de las consecuencias dañosas derivadas de los conflictos conyugales y familiares, algo que no siempre sucede. “Es en estos casos cuando deben actuar los poderes públicos, dotando a la sociedad de herramientas que ayudan a gestionar los problemas de la responsabilidad, el diálogo y el pacto”, tal y como recoge el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Cuando el conflicto llegue a la Administración de Justicia, su labor debe ser “minimizar en todo lo posible el sufrimiento de los niños y niñas”, ha continuado Campo. Por eso, “el servicio público de Justicia ha de promover este ejercicio velando porque el derecho de ser oído se lleve a cabo en condiciones adecuadas a su edad y desarrollo”, un objetivo al que se contribuirá de forma indirecta “fomentando el uso de otras formas de resolver el conflicto como la mediación y los demás medios adecuados para la solución de controversias”.

En última instancia, ha recalcado el ministro, el propósito es que “solo unos pocos asuntos de familia lleguen a los tribunales, solo aquellos para los que la jurisdicción sea el sistema adecuado”.

Primera jornada
Tras la sesión inaugural, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca; el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, José Luis Seoane; el magistrado jubilado del TS, José Antonio Seijas Quintana, y la letrada Mercè Pigem i Palmés han explicado por qué es tan necesaria la especialización judicial en materia de Familia. 

Concluidas las dos primeras sesiones, el evento continúa con una mesa integrada por los representantes políticos Pau-Marí Klose (PSOE), Margarita Prohens (PP), Sara Giménez (Ciudadanos), Carlos Zambrano (VOX), Jaume Alonso-Cuevillas (JxCat) y Mar García (Unidas Podemos). Seguidamente, profesionales de la magistratura, la abogacía, la docencia y el trabajo social abordarán en sendas mesas redondas la situación de los niños, niñas y adolescentes en los juzgados.

El resto de la jornada incluye un diálogo entre autoridades judiciales de familia y profesionales de la salud; una mesa redonda sobre la salud física y psicológica de los menores; una sesión de debate sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes desde las organizaciones de infancia y, finalmente, un panel sobre los efectos de las crisis familiares en los NNA.

Segunda jornada 
Mañana viernes, la segunda jornada del Congreso arranca a las 9:30 horas con una sesión sobre “Los desafíos de la especialización respecto en a los NNA en la administración de Justicia”, en la que intervendrán profesionales de la magistratura y la abogacía”.

A continuación, a las 11:30 horas tendrá lugar un coloquio en el que periodistas especializados en información jurídica debatirán sobre si la falta de especialización judicial en materia de Familia supone una discriminación para la ciudadanía.

Para finalizar, en la sesión de clausura prevista a las 13:30 se dará lectura al documento con las conclusiones que se hará llegar a los grupos parlamentarios, organismos e instituciones significativas relacionadas con el derecho de Familia y los derechos de la in.