De conformidad con el artículo 253 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea los abogados generales deben ser ''elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia''.

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